De las transformaciones que viene realizando el actual gobierno, antes de cumplir sus primeros dos años, resalta el saneamiento que se ha venido realizando en la administración de los bienes públicos.
Y en esa profilaxis, que entre otros cambios compite en jerarquía con la independencia de la Procuraduría General de la República, cabeza del ministerio Público, es notorio el rol que viene desempeñando la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

La DGCP es el órgano rector del Sistema de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano, conforme dispone la Ley No. 340-06 no cumplida cabalmente en el pasado.

Esa ley y sus modificaciones no la cumplieron cabalmente funcionarios del pasado que estafaban al estado, al pueblo, al sobrevaluar los bienes negociados para robarse la diferencia entre el valor real y lo registrado en los contratos.

Mil artimañas se hacían en el pasado, algunas de las cuales aparecen en los casos de figuras bajo investigación judicial y/o que son mencionados en escándalos recientes por publicaciones de la Cámara de Cuentas.

El presidente Luis Abinader llega al poder y de inmediato envía una clara señal de por dónde deben ir las cosas, al designar al frente de la DGCP a Carlos Pimentel, hasta entonces director ejecutivo de Participación Ciudadana, entidad adscrita a Transparencia Internacional, que a nivel mundial monitorea la ocurrencia de corrupción en los gobiernos.

Las instituciones estatales están dando cumplimiento a la referida ley y eso de por sí es un salto cualitativo en la gestión honesta de los bienes públicos y en la buena gobernanza que han traído el gobierno de Abinader y sus equipos.

La ley, y su aplicación, tienen defectos y debilidades, sobre todo por la incidencia de gente y mañas del pasado que aún perviven en la burocracia estatal, pero lo importante es que se hagan esfuerzos por mejorar tanto la norma como su administración.

El pasado 28 de febrero el Poder Ejecutivo introdujo al Congreso una reforma dirigida a mejorar esa ley tan trascendente para hacer frente a la corrupción y la impunidad que tanto daño han hecho a nuestro pueblo.

El viernes la DGCP presentó un nuevo portal de datos abiertos que permitirá a la ciudadanía la búsqueda, análisis y descarga de hasta 32 variables de información sobre los procesos de compra y contrataciones que llevan a cabo las instituciones públicas.

Fortalecer a la DGCP y el cumplimiento de la 340-06 es parte esencial del cambio que promovemos. Adelante.

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