El sector privado no es enemigo del Estado, ni el Estado puede ignorar a quienes producen, invierten y generan empleos. Los empresarios pagan impuestos y sostienen actividades económicas que también aportan al desarrollo nacional. Reconocer ese aporte, sin embargo, no significa otorgar privilegios ni permitir influencias indebidas. La relación debe sustentarse en reglas claras, transparencia, competencia y responsabilidades compartidas. El problema surge cuando el discurso político convierte al empresario en villano durante las campañas, pero lo busca como aliado cuando aparecen dificultades económicas o fiscales. El país necesita una relación madura entre Gobierno y empresas.
