Si legisladores, funcionarios o dirigentes políticos tienen intereses en el negocio de los juegos de azar, la sociedad debe conocerlos. No porque poseer una empresa sea ilegal, sino porque la regulación del sector puede generar decisiones que afecten esos intereses. Ahí aparece el problema: el conflicto de intereses. Por eso no bastan los rumores sobre políticos que controlan miles de bancas. Hay que revisar declaraciones juradas, registros societarios y vínculos empresariales. Si un funcionario participa en decisiones que pueden beneficiar un negocio en el que tiene intereses privados, debe declararlos y abstenerse de intervenir.
