El Estado enfrenta una contradicción frente a los juegos de azar, los reconoce como actividad legal, recauda impuestos y, al mismo tiempo, advierte sobre sus efectos como problema social. Esa contradicción no puede resolverse culpando únicamente al ciudadano que apuesta. Si la actividad es legal, el Estado debe garantizar regulación estricta. Si considera que sus efectos justifican prohibirla, debe asumir esa decisión con coherencia. Lo difícil de defender es condenar públicamente una práctica mientras se beneficia de sus ingresos. Esa doble postura debilita la autoridad institucional y alimenta la percepción de que los intereses fiscales terminan imponiéndose sobre la responsabilidad pública.
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