La Corte Suprema de Brasil anuló todas las pruebas obtenidas a través de acuerdos de colaboración con la constructora Odebrecht en el marco de la operación Lava Jato. La sentencia declara las confesiones de los ejecutivos como “inutilizables” en “cualquier jurisdicción” debido a su obtención ilegal, y resalta las “graves consecuencias” de obtener pruebas fuera de la ley. Brasil logró así poner fin a un proceso judicial mal gestionado. Sin embargo, en la República Dominicana, las confesiones anuladas en Brasil, pero que fueron incorporadas al expediente a través de un acuerdo con la justicia brasileña, aún tienen valor jurídico. ¿Por qué no concluimos el caso sobreseyéndolo?

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