Las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación y violencia de género en todo Afganistán, tema que se agudizará si tomamos en cuenta que dichos tratos eran más recurrentes en zonas controladas por los talibanes, donde sus derechos eran impunemente violados, y eran sometidas a violentos “castigos” por lo que el grupo armado consideraba transgresiones de su interpretación de la ley islámica.

La escasez de denuncias sobre actos de violencia contra mujeres y niñas seguía siendo una tendencia crónica, ya que, con frecuencia, las mujeres temían sufrir represalias y no confiaban en que las autoridades responderían si daban el paso.

Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, a lo largo del año se denunciaron más de un centenar de asesinatos. Las denuncias de este tipo de casos seguían sin investigarse. En ocasiones, las víctimas eran presionadas por sus comunidades o por funcionarios estatales para que retiraran las denuncias o se recurría a la “mediación” para resolver los casos al margen de la protección legal. En consecuencia, los autores de palizas, homicidios, torturas u otros malos tratos y castigos corporales quedaban, en general, impunes.

Si bien es cierto que a los Estados es a quienes les compete la asignación de tutelar los valores esenciales de la comunidad internacional y contribuir al respeto de los derechos humanos en todo el mundo, lo que nos queda claro es que, para tranquilidad de muchos, los Estados no pueden actuar unilateralmente uti universi para derechos alegadamente vulnerados, las acciones a emprender deben de ser llevadas a cabo tendencialmente por toda la comunidad internacional. La de proteger al pueblo afgano es una responsabilidad de toda la comunidad internacional.

Por las condiciones de violencia y constante vulneración de los derechos humanos, los afganos no han tenido más opción que huir de su país, la mayor parte de las personas que han huido de Afganistán desde 2012 se fueron a Irán. De los 2.3 millones de afganos en total que abandonaron el país, un 63% (1.4 millones) se fueron a Irán, un 22% a Pakistán (500.000) y solamente un 12% a Europa y Turquía (270.000). Hay una presión cada vez mayor sobre ellos para que retornen.

¿El Estado de Afganistán ha fallado y ha colapsado? Mi respuesta es un sí, sin temor a equivocarme, puesto que un Estado es quien debe garantizar a sus nacionales la protección debida para la consecuente protección de los derechos fundamentales, entre ellos derechos básicos como la alimentación o la salud y esto, queda demostrado que el Estado Afgano ha fallado, solo tenemos que ver la cantidad de migrantes o refugiados que viven de forma regular e irregular en territorios extranjeros, sin mencionar el éxodo Afgano a Estado como Irán, Pakistán o Arabia Saudita.

El secretario general de Naciones Unidas pidió al Consejo de Seguridad que la comunidad internacional actúe unida para preservar el respeto de los derechos humanos en Afganistán y evitar que el país se vuelva a convertir en un refugio para el terrorismo.

La pregunta es: ¿No realizamos una intervención humanitaria y asumimos la responsabilidad moral por las muertes que se deben evitar, o intervenimos asumiendo la responsabilidad moral y jurídica por los daños y sufrimiento impredecibles a priori que pueda causar dicha intervención? Espero que el pueblo afgano no sea el próximo Ruanda, o la antigua Yugoslavia, en donde todos sabíamos lo que pasaba, pero nadie actuó para prevenir y mucho menos para proteger cuando se puede realizar una intervención para ayuda humanitaria en donde de declaren zonas de abastecimiento de alimentos y medicamentos hasta que se logre por las vías pacífica la solución al conflicto.

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