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Son notorios los cambios introducidos por el gobierno del presidente Luis Abinader en la administración pública, cuando aún no cumple sus primeros dos años de gestión.

Entre esas transformaciones hay cambios tan impresionantes como el control de la corrupción administrativa, que en 20 de los últimos 26 años de gobierno fue llevada a niveles de rechazo y condena tan altos que provocaron las protestas ciudadanas denominadas grandes marchas verdes, sin antecedentes en el país, por su magnitud y calor.

Otro de esos cambios, como el fortalecimiento de la independencia de la Procuraduría General de la República, ha empezado a sentar las bases a un sistema judicial que impactará ejemplarmente en el control del delito común, el crimen organizado, la violencia y en general en el ordenamiento de la sociedad.

Hay, sin embargo, un cambio que llama la atención por su transversalidad, vale decir, por la forma en que incide en varios aspectos del conjunto social y pautan el ordenamiento del país en todos los órdenes.

Me refiero al espíritu apartidista con que en general fueron conformadas las llamadas altas cortes, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral, a las que se suman en la contraloría de funcionamiento del estado la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas y otros espacios de arbitraje de los conflictos públicos y privados.

Con anterioridad al actual gobierno la formación de esos órganos era producto de un reparto dispuesto por las cúpulas partidistas, lo que hacía pasar sus decisiones por un permanente ambiente de crispación y porfías que representaban pérdida de calidad de las disposiciones, distraían tiempo y otros valiosos recursos, y terminaban adoptando decisiones apartadas de la norma y el avance social.

Llegado al poder, el presidente Abinader lideró el cambio de concertar con la sociedad civil y los políticos la elección de funcionarios equilibrados y no obligados a cumplir disciplinadamente el mandato partidista.

El apego de las altas cortes y otras instancias de arbitraje social a las leyes y la norma constitucional, a la superestructura, beneficia todas las dimensiones infraestructurales de la nación, enriqueciendo los ámbitos de beneficio social de todo el pueblo y, en consecuencia, enriqueciendo toda la institucionalidad y el estado democrático de derecho.

He ahí la magnitud de ese cambio tan transversal con respecto a cómo se elegían los órganos rectores de la sociedad y cómo este cambio liderado por el presidente Abinader nos ha cambiado a mejor.

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