Un fraude colosal… ¡con ñapa!

En el Metro Country Club, exclusivo complejo turístico alrededor de un campo de golf de 18 hoyos tiene lugar la mayor estafa inmobiliaria que se haya realizado en el país. No se trata de engañar a los “Dominicanyorks”, sino de estafar locales. El proyecto inmobiliario está ubicado en Juan Dolio, paraje del Municipio de Guayacanes, en la provincia de San Pedro de Macorís. Se rumora que el promotor fundador del proyecto tiene múltiples procesos legales abiertos en tribunales criollos y que medios han dado cuenta de múltiples sentencias en su contra. Desarrollado en casi 2 millones de metros cuadrados, aunque no existen inventarios conocidos de cuantas viviendas lo forman, se estima que anda cerca de las 2,000 villas. Después de comprar en Metro y obtener una carta constancia, dentro de un terreno deslindado, usted lo sorprende que su terreno “aparece una hipoteca” inscrita posteriormente a la venta original y que un “extraño” procura cobrar un dinero que Ud. jamás usufructó. Decenas de embargos han afectado a inocentes compradores de buena fe y esto no parece llamar la atención de autoridades inmobiliarias ni de los jueces que fallan conflictos de tierras. ¿Cómo se anula un título, sin conocimiento del propietario, con aspectos de “legalidad”, que no sea con complicidades? Los propietarios que no han sido afectados entienden que airear estas cosas públicamente afecta intereses, desprestigia y más que nada deteriora el tejido económico del proyecto, pero es llamativo que haya decenas de casos con el mismo patrón operativo, la misma empresa y el mismo propietario, como si se tratara de un original sistema de “negocios”. El mayor daño lo hizo el desarrollador estimulando un perverso esquema de engaños, de incertidumbre y desconfianza, de todos conocido que solo ignora el que no quiere ver. ¿Por qué tiene usted que “pagar las jabas que otro burro se comió”? parodiando el cuento. Si la empresa o su propietario tomaron dinero prestado a “personas” o empresas, no es posible garantizarlo con terrenos ya vendidos y usufructuados por terceros. Los prestatarios se dan a la tarea de “cobrar sus cuartos” a los zoquetes estafados que deben responder por dinero que nunca tomó prestado y desconoce el proceso de endeudamiento. Se da el caso de “hipotecas” nones sanctas, vestidas con elegante ropaje de legalidad, en terrenos en los cuales se ha construido hace más de 15 años, una villa, con exigencias y requerimientos de reglamentos del mismo Metro, aprobada, monitoreada y por la que la misma empresa, o sus testaferros, cobran por los servicios, iluminación de calles y “seguridad”, mensualmente. Aparecen en las manos de los prestatarios como terrenos baldíos que se adjudicaron” en amañados procesos. Me luce que nuestra Constitución no incluye en los Derechos que consigna, la “inmunidad judicial” a determinadas personas.