Hace un año aplaudimos que, 20 años después, la fumata blanca saliera del Congreso Nacional y del Palacio Presidencial, para decir ¡Habemus Código Penal! Concomitantemente señalamos que, de forma oportuna, se incluía una vacatio legis de un año, espacio suficiente para corregir imprecisiones y contradicciones, verificar los aciertos y desaciertos, corregir las sombras que contiene la pieza.
Oh sorpresa, transcurrieron prácticamente 11 meses sin que el Congreso prestase un mínimo de atención a los problemas que se señalaban, no se corrigió ni un solo error en ese tiempo. De la mano, se perdió la oportunidad de reformar conjuntamente el Código Procesal Penal, prefiriendo hacer reformas “enemigas”, que parecen desconocer que son piezas del mismo sistema. En fin, la pieza no se socializa lo suficiente y aunque han sido muchas las acciones directas presentadas ante el Tribunal Constitucional, a la fecha ninguna ha sido decidida.
En las últimas semanas, se activó la sociedad, impulsada, en gran parte, por la moda de llamar “ley mordaza” a las nuevas disposiciones del Código Penal sobre difamación e injuria; los gremios de la medicina, el empresariado y voces autorizadas del ámbito jurídico que, desde la promulgación, han alzado la voz, sin que se les escuche, promovieron el tema, la necesidad de modificar muchas cosas y la extensión de la entrada en vigencia.
Suspender la entrada en vigencia de una ley aprobada válidamente por el Poder Legislativo debe ser una medida excepcional, no una respuesta automática a las deficiencias de un texto legal, sin embargo, la finalidad con la que se dio la vacatio legis en este caso no se cumplió en lo más mínimo y no se trata de una norma a la que, con nuestra tradición de desconocer la institucionalidad, podamos dejar de aplicar y ya, sino de la norma que detalla qué conductas constituyen delitos, quiénes pueden ser responsables de ellas y las penas o consecuencias jurídicas aplicables, casi nada.
La seguridad jurídica exige normas claras y operativas, el derecho penal implica máxima taxatividad, la mayor certeza de qué es un delito y qué no, la capacitación de los actores del sistema, todos rubros pendientes y que el Congreso Nacional, en su línea, ha decidido obviar en todo momento.
El Congreso Nacional abrió la puerta a las modificaciones, pero cerrando de plano el espacio a suspender la entrada en vigencia, para coronar su cadena de omisiones e imprudencias respecto al último recurso de un Estado, la coacción. Aunque se permitió, en un plazo extremadamente corto, que se presentarán propuestas (se presentaron más de 90 según sus propios datos), el motivo parece ser que se legitimara la modificación pues las propuestas que efectivamente se ponderaron fueron las del Poder Ejecutivo, a las demás se les prestó poca o nula atención.
La Cámara de Diputados aprobó unas modificaciones y ahora pasa al Senado, con estas se mejora ligeramente el texto, sin que se perfeccione lo suficiente en materia de libertad de expresión, sin que se tome en cuenta la proporcionalidad necesaria para las penas, sin que se eliminen atrocidades jurídicas como el “ultraje” o la “difusión de audios o imágenes”, aprovechando para introducir nuevas incongruencias e imprecisiones al largo listado y claro sin suspender, prudentemente, la entrada en vigencia como si 20 años después, 6 meses harían arder Troya.
