Santo Domingo. El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) solicitó al Congreso Nacional agilizar la aprobación del proyecto de ley que busca aplazar por dos años la entrada en vigencia de las disposiciones del Código Penal relativas a la responsabilidad penal de las empresas, ante la proximidad del 5 de noviembre de 2026, fecha señalada por el gremio para su aplicación.
La organización empresarial advirtió que el tiempo disponible para completar el proceso legislativo es limitado, por lo que pidió a los presidentes del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, impulsar los trámites necesarios para que la iniciativa pueda ser aprobada y promulgada antes de esa fecha.
El proyecto, presentado por el senador de La Altagracia, Rafael Barón Duluc Rijo, fue declarado de urgencia y aprobado por el Senado el pasado 21 de octubre, según informó el CONEP. La propuesta contempla una extensión de dos años para la aplicación de las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas, con el propósito de facilitar la adaptación de las empresas al nuevo marco normativo.
CONEP advierte sobre la proximidad del 5 de noviembre
En comunicaciones dirigidas a los titulares de ambas cámaras legislativas, el CONEP valoró la aprobación del proyecto en el Senado y sostuvo que la ampliación del plazo permitiría implementar de manera ordenada el régimen de responsabilidad penal corporativa.
La organización consideró necesario conceder a las empresas un período razonable para adaptar sus estructuras administrativas, políticas internas y procedimientos a las exigencias contempladas en el Código Penal.
El gremio señaló que, ante la cercanía del 5 de noviembre, resulta prioritario dar continuidad al trámite legislativo para que la iniciativa sea conocida por la Cámara de Diputados y posteriormente remitida al Poder Ejecutivo.
En ese sentido, solicitó a Ricardo de los Santos impulsar la remisión del proyecto a la Cámara Baja y pidió a Alfredo Pacheco facilitar su conocimiento una vez recibido.
La organización insistió en que la aprobación y promulgación de la iniciativa deben completarse antes de la fecha prevista para la aplicación de las disposiciones.
Empresas necesitan adaptar controles y programas de cumplimiento
El CONEP explicó que la ampliación del plazo permitiría a las empresas desarrollar los mecanismos internos necesarios para responder a las nuevas obligaciones legales.
Entre las medidas mencionadas figuran los programas de cumplimiento normativo, las políticas de prevención, los mecanismos de control interno, los canales de denuncia y los procedimientos de evaluación de riesgos.
Estos instrumentos buscan establecer procesos mediante los cuales las organizaciones puedan identificar posibles incumplimientos, prevenir conductas ilícitas y documentar las actuaciones adoptadas para cumplir con la legislación.
Según el gremio, la preparación debe tomar en consideración las características de cada empresa, incluidas su naturaleza, tamaño, actividad económica, estructura organizativa y nivel de riesgo.
El CONEP sostiene que una implementación adecuada del régimen requiere criterios claros para determinar la responsabilidad de las personas jurídicas y estándares objetivos para evaluar la efectividad de sus programas de cumplimiento.
La entidad considera que estos elementos contribuirían a fortalecer la seguridad jurídica y favorecer una aplicación proporcional de las nuevas disposiciones.
También solicita preparar al sistema de justicia
La organización empresarial argumentó que el aplazamiento permitiría avanzar en la capacitación de los operadores del sistema de justicia y en la definición de criterios institucionales para aplicar las disposiciones sobre responsabilidad penal corporativa.
A su juicio, esa preparación ayudaría a establecer parámetros uniformes para interpretar las obligaciones de las empresas y evaluar sus mecanismos internos de prevención.
La propuesta respaldada por el CONEP se refiere específicamente al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, contemplado en el artículo 31 citado por el gremio, y no supone un aplazamiento general de todas las disposiciones del Código Penal.
La entidad reiteró su compromiso con el fortalecimiento institucional y la promoción de una cultura empresarial de integridad y cumplimiento de las normas.
Asimismo, manifestó su disposición de colaborar técnicamente en los procesos de revisión e implementación de las disposiciones legales.
La solicitud del CONEP coloca nuevamente en la agenda legislativa el calendario de aplicación del régimen de responsabilidad penal corporativa, mientras se mantiene pendiente, según la información suministrada por el gremio, la conclusión del trámite en el Congreso y la posterior intervención del Poder Ejecutivo.
