Santiago.- La jueza Iris Borge de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta jurisdicción fijó para hoy viernes el fallo sobre el conocimiento de imponer medida de coerción contra 13 de 16 imputados en la operación Colibrí.
Se informó que el Ministerio Público llegó a un acuerdo con tres de los implicados, quienes ahora servirán de testigo, por lo que fueron favorecidos con garantías económicas.
Las investigaciones de la fiscalía de Santiago establece que los integrantes de la red se dedicaban a actividades fraudulentas en las que se especializaron en la falsificación de documentos públicos arrestados tras el despliegue de la Operación Colibrí, amenazaron la seguridad jurídica y laceraron la confianza institucional, en tanto que, además, vulneraron el sistema del Registro Civil del país.
Los imputados están acusados de atacar el sistema de la Junta Central Electoral. El Ministerio Público pide prisión preventiva por 18 meses y que se declare de tramitación compleja el proceso.
Los implicados falsificaron actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir, licencias para el porte de armas, entre otros documentos públicos.
La investigación de la Operación Colibrí coordinada por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Policía Nacional, se desarrolla con el apoyo de la Junta Central Electoral, cuyas direcciones de Seguridad Civil, Inspectoría, Cedulación y Consultoría Jurídica, vigilaban el comportamiento de personas que alrededor de sus oficialías y dependencias ofrecían servicios fraudulentos, con el concurso y apoyo de al menos un empleado del organismo que está entre los sometidos a medida de coerción.
Durante las diligencias de campo, incluyendo 18 allanamientos, más de 20 fiscales del Ministerio Público y unos 200 agentes de la Policía Nacional, se incautaron de evidencias materiales, documentales, y otras, como plásticos para la impresión de cédulas, carnet, licencias; también títulos de propiedad falsificados, entre otros elementos que constituyen una irrefutable demostración de la implicación de los detenidos con los hechos.
Además, entre lo incautado hay dispositivos electrónicos que utilizaban para el borrado de datos originales, para emitir títulos y cédulas a nombre de terceros.
Los imputados son Luis Manuel Rodríguez Taveras, William Ramón Rodríguez Rodríguez, Samuel Elías Ceballos Ramos, Ana Delia Isidra Tavarez Soto, Tomás Enmanuel Rojas Guzmán, Julio César Almonte Espinal, Arsenio Rafael Reyes, Yanuel Morales, Noel de Jesús Padilla Minaya, Fausto Merán, José Rosario Marte, José Alfonso Acevedo García, José Miguel Cruz Hiraldo, Rubén Amauris Ramírez, Rubén Darío Núñez Ortega y José Carlos Montero Troncoso, este último, un empleado de la Junta Central Electoral.
Además de la emisión fraudulenta de cédulas de identidad, esta organización criminal, que amenazó la seguridad jurídica de modo que transgredieron la credibilidad de la documentación pública emitida por los órganos del Estado, se especializaba en falsificar diplomas de bachiller, actas de bautismo, matrimonio y actas de defunción.
En la instancia de medida de coerción el Ministerio Público establece que estas actividades fraudulentas afectaron a ciudadanos de República Dominicana que han visto afectada su identidad, un derecho constitucional, así también la Junta Central Electoral, mediante la afectación de la fe pública de los documentos emitidos por el Estado dominicano, que garantizan la identidad y la certeza del registro de los actos que realizan las personas durante su vida civil.
Entre las imputaciones que le hace el Ministerio Público está la suplantación de identidad de personas dominicanas fallecidas para facilitar a ciudadanos haitianos actas y cédulas dominicanas .
Falsificaban documentos de organismos de seguridad del Estado como el J-2 del Ejército, el Ministerio de Interior y Policía, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), entre otros organismos.
Tenían en su poder plásticos y hojas timbradas de distintas instituciones como el Poder Judicial, el Banco de Reservas, el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTRANT) y la Jurisdicción Inmobiliaria de Santiago.
También apostillar documentos, luego de ser adulterados, para que se pudieran utilizar en el extranjero.
La Fiscalía de Santiago presentó contra los imputados cargos provisionales por violación a los artículos 265, 266, 145, 147, 148, 150 y 151 del Código Penal Dominicano; también los artículos 13 y 14 numeral 4 de la Ley 8-92 sobre Cédulas de Identidad y Electoral; artículos 86 y 88 de la Ley 172-13 sobre Protección Integral de los Datos Personales; artículo 6 párrafos 17, 18 y 19 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
En adición, contra Acevedo García, se presentan cargos por la violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas de Fuego y Materiales Relacionados.
Varios de los imputados operaban en los alrededores de las dependencias de la JCE, ofreciendo diversos servicios a ciudadanos para falsificar documentos a cambio del pago de sumas que oscilan entre $5,000 y $20,000 pesos dependiendo del tipo de documento requerido.
