El presidente Luis Abinader ordenó la implementación de una política de ahorro y eficiencia energética en todos los órganos de la Administración Pública que se encuentran bajo la dependencia del Poder Ejecutivo.
Mediante el decreto 158-23, el Poder Ejecutivo dispuso obligaciones para los consumidores estatales de energía eléctrica y la creación de un gestor energético para analizar y proponer los programas de ahorro de energía.
El decreto establece dos categorías de consumidores estatales, de conformidad con la sumatoria de todos sus suministros de energía interconectados a la Red Eléctrica y dispone obligaciones para cada caso.
Igualmente desarrolla iniciativas sobres medidas en materia de ahorro y eficiencia energética, que van desde aspectos relacionados con la temperatura de los condensadores de aire a criterios sobre el alumbrado público de las instituciones.
Con dicho decreto, el Gobierno buscar adoptar medidas que sirvan como modelo a seguir por parte de la ciudadanía y las empresas privadas, fomentando una cultura de responsabilidad ambiental y energética en todo el país.
El Poder Ejectuvo se señala que esta línea de acción es necesaria para lograr los objetivos de la Ley núm. 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
El decreto presenta metas de ahorro, planes estratégicos y operativos, el diseño de una campaña nacional de promoción del ahorro y la implementación de fuentes renovables de energía, entre otros importantes pasos.
