El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, denunció este martes que la mayoría de las alcaldías del país están cobrando impuestos por registro de actos judiciales, a pesar de que éstos fueron anulados a través de una sentencia del Tribunal Constitucional.
Indicó que el TC emitió la sentencia 0339 en el año 2014, en la cual declaró no conforme a la Constitución de la República los artículos 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32 y 42, de la Ley número 2334 sobre Registro de los Actos Civiles, Judiciales y Extrajudiciales, que consagraban impuestos proporcionales y que eran contrarios a los artículos 12, 14, 40.15, 41 y 69 de la Carta Magna.
Surún Hernández explicó que muchos ayuntamientos y registros civiles han establecido nuevos impuestos bajo la fachada de “tasas por servicios por registros”, lo que constituye una clara violación a la sentencia del TC y afecta seriamente la economía familiar.
“Estamos anunciando al país que el CARD estará iniciando en lo inmediato acciones legales, con el apoderamiento directo al Tribunal Constitucional, para que garantice la ejecutoriedad de sus decisiones, estableciendo un procedimiento transparente que sancione de manera drástica a aquellas personas y aquellos funcionarios públicos que desobedecen las decisiones judiciales”, dijo.
Agregó, que también interpondrán acciones por ante la jurisdicción administrativa y en materia de constitucionalidad, a los fines de que se detenga esta práctica inconstitucional e ilegal, que golpea la institucionalidad y el ejercicio del derecho.
“El TC fue muy claro en prohibir los cobros impositivos por registros de actos de estado civil porque constituyen una vulneración a lo que es el acceso a las vías de derecho”, expresó.
Puntualizó que las alcaldías han disfrazado los impuestos y están cobrando, de manera ilegal, montos muy superiores a los que se cobraban anteriormente.
“Antes se cobraban 100 pesos por un registro de acto de alguacil y ahora se cobran 600 pesos; se cobraban 100 pesos por un registro de un acta de estipulaciones o una declaración de mejoras y en este momento están cobrando entre cinco mil pesos, seis mil pesos y hasta diez mil pesos”, señaló.
El titular del CARD enfatizó que “esto es un abuso y un desacato que compromete la responsabilidad de las salas capitulares y de los alcaldes que decidan aplicar impuestos”, a pesar de que el TC anuló los artículos de la Ley 2334 que autorizaban a los Ayuntamientos a establecerlos.
