Grupo Abrisa aclara TSA no declaró lesivo el AIB

El Grupo Abrisa aclaró que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) no ha dictaminado que sea lesiva para el interés general la construcción del Aeropuerto Internacional en Bávaro (AIB).
La entidad explicó que la sentencia, emitida por los jueces de la Segunda Sala del TSA, “confirma la plena vigencia de todos los permisos otorgados para la construcción de la obra y el contrato firmado por el Estado dominicano como actos válidos, legítimos y de vinculación positiva validando el proceso seguido en su obtención”.

A través de un comunicado, el Grupo Abrisa dijo que “lo que el TSA decidió fue la nulidad del oficio número 2293, emitida por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que formaliza el inicio del proceso de construcción y fiscalización del Aeropuerto Internacional de Bávaro”.

La misiva destaca que “respecto al alcance e implicación de la sentencia, el TSA expresó textualmente que el procedimiento de lesividad cursado por el IDAC, dirigido contra su propio acto núm. 2293, de fecha 11 de agosto del año 2020, antes descrito, no afecta las actuaciones anteriores, ni cuestiona el referido contrato entre el Estado dominicano y el Aeropuerto Internacional de Bávaro”.

“La inversión proyectada en el Aeropuerto Internacional de Bávaro continuará conforme al plan de negocios desarrollado por sus inversionistas, amparados en la confianza legítima, la libre y leal competencia, la seguridad jurídica y el estado de derecho, cuyo respeto le exige la Constitución de la República a todos los poderes públicos y que prohíbe expresamente los monopolios privados”, enfatiza el comunicado.

El 19 de enero del 2021, el IDAC interpuso un recurso contencioso administrativo en contra de la comunicación núm. 2293, de fecha 11 de agosto del año 2020, emitido por la institución.

Las nuevas autoridades alegan que el permiso otorgado por la pasada gestión del IDAC para la construcción del aeropuerto fue emitido incurriendo en violación de los principios, normas y procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente.

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