El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, concebido como una de las principales apuestas del Estado dominicano para transformar el sistema penitenciario, vuelve al centro del debate público tras el motín registrado recientemente en sus instalaciones, apenas 7 meses después de su puesta en funcionamiento.
La obra, impulsada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) junto a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), fue presentada como una solución estructural al hacinamiento y la precariedad de la cárcel de La Victoria, con una visión centrada en la seguridad, la rehabilitación y el control institucional.
La Cárcel de Las Parras, oficialmente denominada Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, es un moderno complejo penitenciario que se encuentra en pleno funcionamiento en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia de Santo Domingo.
LE RECOMENDAMOS LEER:
- Conato de motín en Las Parras impone nuevas restricciones
- Auxilio en Las Canas, Sánchez Ramírez: entre el humo venenoso y el aislamiento
Se recuerda que, durante su inauguración, las autoridades destacaron que el recinto sería un modelo basado en estándares modernos, con capacidad inicial para 2,400 internos en su primera etapa y una proyección de hasta 8,500 privados de libertad cuando opere a plena capacidad. Además, se subrayó la implementación de un sistema progresivo sustentado en educación obligatoria, trabajo y disciplina, bajo la premisa de “cero ocio”.
El proyecto también implicó una importante inversión en infraestructura y tecnología. Las instalaciones incluyen sistemas de videovigilancia, controles de acceso automatizados, sensores, áreas para fuerzas especiales y un moderno centro de monitoreo, diseñados para garantizar respuestas rápidas ante situaciones de emergencia. A esto se suman espacios educativos, talleres, áreas de reflexión e incluso una sala de audiencias interna, orientados a la reinserción social.
Sin embargo, junto a estas promesas, también se advirtieron riesgos. Durante el acto inaugural, expertos vinculados al sistema penitenciario alertaron que un centro de esta magnitud, si no se maneja correctamente, podría convertirse en un foco de descontrol, con impacto directo en la seguridad ciudadana.
El reciente motín parece dar peso a esas advertencias y reabre cuestionamientos sobre la operatividad del modelo, la capacidad de supervisión y el control efectivo dentro del recinto.
Las Parras fue diseñada precisamente para evitar los males históricos del sistema carcelario dominicano, como el autogobierno de los internos, la corrupción y las redes delictivas que operan desde las prisiones. En ese sentido, las autoridades insistieron en que el centro estaría bajo control absoluto del Estado, con personal capacitado y protocolos estrictos.
El traslado inicial de internos desde La Victoria, una de las cárceles más hacinadas del Caribe, formaba parte de una estrategia de descongestión progresiva. No obstante, el incidente reciente pone en evidencia los desafíos que enfrenta esta transición, especialmente en un contexto donde el sistema arrastra problemas estructurales de larga data.
Más allá del hecho puntual, el motín en Las Parras plantea una interrogante de fondo: si el país está realmente preparado para sostener en la práctica el modelo penitenciario que ha diseñado en el papel.
El caso también reaviva el debate sobre la vigilancia institucional, la formación del personal y la necesidad de garantizar que la inversión en infraestructura esté acompañada de una gestión eficiente y transparente.
Así, Las Parras pasa de ser símbolo de transformación a un escenario de prueba para el sistema penitenciario dominicano, donde la distancia entre lo prometido y la realidad comienza a ser evaluada bajo presión.
