Una mujer con una niña de 11 años que habría intentado entrar marihuana en Las Parras, fue el detonante del motín del pasado sábado.
Las autoridades penitenciarias suspendieron de manera parcial las visitas y reforzaron la seguridad policial y militar en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, tras un motín registrado el pasado sábado en horario de visitas infantiles que dejó un saldo de 12 internos y un agente penitenciario con heridas leves, además de cuatro traslados a centros de salud.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), a cargo de Roberto Santana, informó que el recinto operó bajo estrictas medidas de control durante el domingo y que la restricción de las visitas se aplica como medida preventiva mientras se completa la investigación.
Según la institución, solo se mantuvieron autorizadas las visitas conyugales previamente programadas y el acceso a aquellos familiares que llevaban medicamentos específicos para los privados de libertad.
Debido al incidente, decenas de familiares se agruparon desde tempranas horas del domingo en la entrada principal del penal para exigir información oficial sobre el estado de sus parientes.
Ante la falta de un listado con los nombres de los afectados y la repentina suspensión de la entrada general, las madres, esposas y hermanos de los internos denunciaron el hermetismo de la dirección del centro.
Los manifestantes permanecieron en los alrededores del complejo bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad.
Varias de las madres presentes explicaron que se enteraron del disturbio a través de llamadas informales desde el interior del recinto y por publicaciones en redes sociales, lo que incrementó la alarma ante el temor de represalias o traslados no notificados hacia otros centros del país durante la jornada dominical.
Este incidente se convierte en el primer gran reto de control de crisis y orden público para el complejo de Las Parras desde que inició la transición paulatina de internos. La infraestructura fue concebida estratégicamente para desmantelar el histórico hacinamiento de la vieja cárcel de La Victoria, por lo que las autoridades reafirmaron que mantendrán rigurosos controles de seguridad interna y tolerancia cero a la introducción de contrabando en los pabellones.
Respecto a los lesionados, la DGSPC detalló que 12 privados de libertad sufrieron laceraciones y contusiones leves que fueron tratadas por el personal médico del propio recinto de salud interno.
Asimismo, un agente penitenciario resultó con un golpe en una mano durante las intervenciones para restablecer el orden.
Otros cuatro internos ameritaron traslado de urgencia a centros hospitalarios periféricos para fines de estudios y evaluaciones diagnósticas, fueron dados de alta y retornados al penal en horas de la madrugada del domingo tras confirmarse que sus vidas no corrían peligro.
El perímetro del penal y los pabellones internos permanecen bajo la estricta custodia de contingentes de la Policía Nacional y el Ejército de la República Dominicana para mantener el control operativo de la estructura. En tanto, las autoridades superiores y el Ministerio Público dieron comienzo a las evaluaciones correspondientes para establecer las responsabilidades de lugar y aplicar las sanciones disciplinarias de acuerdo con el marco legal vigente en el sistema penitenciario.
El motín fue controlado rápidamente
El informe oficial establece que las alteraciones al orden comenzaron alrededor de las 4:00 de la tarde del sábado, luego de que el personal de vigilancia detectara dos intentos consecutivos de introducir sustancias prohibidas, presumiblemente marihuana, al penal.
En el primer hecho, una mujer fue arrestada al intentar ingresar la sustancia aprovechando la jornada de visitas infantiles.
La identidad de la detenida se mantiene bajo reserva por las autoridades para proteger la integridad de su hija de 11 años, quien la acompañaba en el acceso.
Posteriormente, los agentes de vigilancia retuvieron a un interno que intentaba salir del área de visitas con un paquete cilíndrico oculto en sus partes íntimas. El endurecimiento de las medidas de control y los decomisos provocaron que varios reclusos intentaran alterar el orden en las áreas de alojamiento, lo que desencadenó los enfrentamientos internos.
Una fuente indicó que la mujer fue llevada a la fiscalía de esa jurisdicción pero que fue dejada libre pese a la gravedad por la sustancia prohibida y por involucrar a una niña de 11 años, lo que se supone debió activar un llamado a las autoridades de protección de NNA.
