El coordinador general de Participación Ciudadana, Joseph Abreu, advirtió que es injustificable cualquier procedimiento de compras y contrataciones en instituciones públicas, que se haga al margen del mandato de lo que establece la ley 340-06 que rige la materia.
Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 , Abreu dijo que se justifican los cuestionamientos que se están haciendo a los millonarios contratos que está obteniendo el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en compras y contrataciones de bienes y servicios, lo que se ha extendido a la construcción del edificio que alojará las oficinas del Defensor del Pueblo.
Sobre este último caso, sostiene que si los recursos para edificar dicha obra provienen del organismo internacional ya eso es otra cosa, pero si son recursos públicos, es obligatorio acogerse a lo que establece la ley y la Constitución de la República en ese sentido.
Diferentes actores han cuestionado los contratos que han firmado el PNUD con diversas instituciones, alegando que los mismos no estarían transparentados para el público y supondrían una violación de orden constitucional debido a que el organismo internacional asumiría funciones que le corresponden a entidades legalmente constituidas para tales fines.
En ese sentido, Abreu dijo que la misma ley de Compras y Contrataciones hace la salvedad de los distintos procesos para adquirir bienes y servicios con recursos del Estado, y en tal virtud ningún organismo nacional o internacional tiene facultad para actuar al margen de lo que establece dicha norma.
En otro orden, Joseph Abreu criticó que se estén esgrimiendo una serie de subterfugios para la no aprobación de la ley de Extinción de Dominio, específicamente en el caso de la irretroactividad de la aplicación de dicha norma.
