A los jueces los he criticado como cuerpo, pero defendido de forma individual. Los he visto solos, sin tener defensores y usados. Y han aceptado, callados. Luego empezó el asociacionismo, mal visto por muchos, pero que ha fortalecido la función jurisdiccional, dando algo de la protección al juzgador que no le da, como cuerpo, el “poder” al que pertenece.
Hoy tienen más voz y menos temor y caminan hacia la independencia real, lejos aún, pero posible. Claro, el problema de la justicia no es sólo recursos, existen otros aspectos, objetivos y subjetivos en ello, como la responsabilidad del juzgador y el respeto por las funciones que realiza y su independencia de criterio que debe ser innegociable. Sin embargo, no puede negarse que sin recursos suficientes no puede haber una buena labor jurisdiccional.
Por eso la asignación del 2.66 por ciento del presupuesto nacional al Poder Judicial es “justicia para la justicia”. Los jueces han sido muy inteligentes en su lucha: bien orquestada, organización ejemplar, apoyo mayoritario, demandas justas y sin afectar las labores jurisdiccionales, lo más importante.
Recientemente, el 12 de septiembre del presente año, “La Asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo)”, hizo un comunicado donde establecen y reclaman:
Que la no asignación de los fondos conferidos mediante la ley 194-04, la cual prescribe el 2.66 % a lo menos, al judicial, mantiene “al Poder Judicial sumido en una insondable precariedad, advirtiendo que la asignación nunca ha superado el 1.69 % del presupuesto general del Estado”.
Luego que la separación de los poderes implica cumplimiento de la ley y que “el irrespeto a la indicada autonomía, (…) resquebraja la institucionalidad e independencia judicial, la cual comporta seguridad jurídica, ese clima cívico de confianza en el ordenamiento jurídico, esa estabilidad, fundada en normas razonables de previsibilidad que es presupuesto de los estados democráticos y que supone, por vía de consecuencia, la seguridad ciudadana”.
Y, en otra parte, alegan que: “…el 96.75% de la asignación al Poder Judicial es destinada a cubrir gastos corrientes y que existen 98 tribunales creados por ley, sin que hayan sido puestos en funcionamiento por la precaria situación financiera del Poder Judicial, lo cual resulta inquietante y hasta bochornoso, cuando se trata de uno de los poderes del Estado, no de una dependencia estatal. Es momento de darle a la justicia el sitial relevante que le reconocen la Constitución y las leyes”.
Pero donde “la botaron”, como táctica política de lucha fue al solicitarle al Consejo del Poder Judicial que “como órgano de gobierno de dicho poder, se empodere del reclamo, y encabece las acciones de tipo legal que se están gestando” procurando con estas la autonomía debida y “una esfera libre de controles e injerencias del Poder Ejecutivo” el cual podría “en determinado momento”, según Judemo, ejercer presión sobre las decisiones del Judicial “utilizando el presupuesto como mecanismo de presión”.
Más claro no podía ser ni más justo el reclamo de 2.66% para el Poder Judicial.
