La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) agradeció a varias instituciones los esfuerzos para emitir la resolución 17-2015, que establece la obligatoriedad de la fuerza pública para ejecutar las sentencias de los tribunales.
Entre esas instituciones a las que la AIRD agradece, figuran: la Procuraduría General de la República, la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial.
Circe Almánzar, vicepresidenta de la AIRD, indicó que la Resolución 17-2015 del Consejo del Poder Judicial organiza, de modo claro, el proceso para la ejecución de sentencias que ordenen embargos, desalojos, expulsiones de lugares y otros actos análogos, evitando así el desorden que imperaba en algunos actos o la inefectividad de decisiones judiciales. Dicha resolución tiene carácter transitorio hasta que el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo sancionen la Ley que corresponde, según ordena el Tribunal Constitucional en sentencia del 2013.
Afirmó que la resolución fortalece la seguridad jurídica del país y que permite fortalecer el trabajo conjunto de la fuerza pública y el Ministerio Público, lo cual es muy importante. “Es importante que el ministerial actuante en un desalojo o un embargo esté acompañado de la fuerza pública”, agregó Almánzar.
