La AIRD dijo que le preocupan las implicaciones que se derivarían de la aprobación del informe de la comisión del Senado que revisó el proyecto de ley para convertir en parque nacional a Loma Miranda.La Asociación de Industrias de la República Dominicana indicó que el Congreso Nacional está en un momento adecuado para fomentar la formulación de políticas que faciliten el equilibrio entre sostenibilidad ambiental y desarrollo minero.
En un documento de prensa, la AIRD indicó que la Comisión del Senado que elaboró la propuesta no establece con claridad qué se protege y apenas hace enunciados generales en los que habla de un “ecosistema muy singular”, que atesora “inestimable riqueza biológica”, en base a lo cual busca declarar la zona parque nacional como “un bien mayor de la nación”.
Consideró que no es apropiado tomar una medida tan trascendental como la que se pretende en ese proyecto de ley sin los estudios técnicos correspondientes que indiquen, con detalles, qué se busca proteger, y entrando, inclusive, en contradicción con la Ley 01-12 que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, la cual restringe la posibilidad de crear nuevos parques nacionales.
“Creemos en el ejercicio de una minería ambientalmente responsable. Creemos que los avances tecnológicos permiten a la industria minera ser cada vez más amigable con el medio ambiente y los recursos naturales, pero también creemos que los Estados deben hacer valer su papel de reguladores y guardianes del cumplimiento de las leyes y disposiciones ambientales, cuidando del patrimonio natural a la vez que de las iniciativas productivas que conducen a la mejora de calidad de vida de una población”, indican.
Advirtieron que, tal como señaló el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, se debe actuar de forma sopesada y con prudencia ante el costo tanto económico como político que implicaría un conflicto con el sector minero.
Artículo es inconstitucional
Estiman que el proyecto podría conllevar implicaciones de inconstitucionalidad si se aprueba el artículo 9 del mismo, al crear multas y cargas administrativas que no son facultad del Congreso Nacional y que, según la Constitución de la República, deben ser establecidas por el ministerio facultado para esos fines, como contraprestación de un servicio.
La AIRD dice que en ese artículo se establece un incremento de 10% al valor a pagar al Ministerio de Medio Ambiente por el concepto de una licencia o permiso ambiental aprobado para cada empresa, institución o persona para tener derecho a la exploración o explotación en el territorio nacional o en su plataforma marítima de minerales metálicos y no metálicos.
