Aunque vivimos en un país que parece estar eternamente en campaña, a juzgar por los numerosos carteles de promoción de candidaturas que extemporáneamente se exhiben por doquier, los meses previos a un proceso electoral están totalmente marcados por este hecho, al extremo que todo lo que sucede y, lo que no sucede, depende de ésto.
Lamentablemente esta sociedad ha tolerado el escandaloso dispendio de recursos que se produce en época de campañas electorales, plagado en la mayoría de los casos de corrupción y abuso de los bienes del Estado, ante la total indiferencia de las autoridades que se escudan en limitaciones legales y el descaro de una parte del liderazgo político que simplemente ha impedido que se apruebe una ley de partidos y una modificación a la Ley Electoral, porque se resisten a tener controles y limitaciones.
Sin lugar a dudas, podemos decir que la carrera por la presea electoral del 2016 arrancó, no por las numerosas vallas que inundan las calles puesto que hace tiempo muchas estaban, sino por señales inequívocas de guerrillas entre candidatos, acciones descabelladas para complacer los infinitos apetitos de cargos electivos y abuso de bienes del Estado utilizados para promover funcionarios candidatos.
La atomización del territorio nacional es consecuencia directa de estos voraces períodos de campaña, en los que con tal de que todo el mundo quede con un puesto hemos llegado al absurdo de tener más provincias que países que nos multiplican varias veces en tamaño, población y recursos, como es el caso de Argentina, Brasil y México.
Todavía estamos viviendo las consecuencias de la división en cuatro municipios el Distrito Nacional sin ningún tipo de planificación en cuanto a las previsiones que debían ser tomadas en cuenta, y nuestros políticos no cesan en promover divisiones territoriales improcedentes que no tienen otro móvil que el de crear más puestos electivos, como el proyecto de ley de división de Santiago en dos provincias, aprobado recientemente por la Cámara de Diputados; cuando ninguna división debería darse hasta tanto se aprobara la ley de ordenamiento territorial que dispondrá los criterios para hacerlas.
La lucha por la alcaldía de la segunda ciudad del país a lo interno del partido oficial, hizo público uno de los hechos más repugnantes que se han vivido en nuestras ruidosas campañas electorales, la violación de todos los principios éticos al abusar de niños a los que en el más crudo ejemplo de anti-revolución educativa se les adoctrina diciéndoles que ellos y sus padres deben agradecer a un funcionario público que en violación a la ley abusa de los recursos del Estado para obtener votos, regalándoles útiles escolares.
Estas luchas también hicieron públicas las rifas entre dirigentes del partido oficial de exenciones impositivas, que aunque han sido negadas por las autoridades, muchos las dan como un hecho cierto, porque han acontecido antes.
Mientras dure la campaña no se tomarán decisiones necesarias y el destino de casos judiciales estará determinado por la misma, como el de la revocación o no del auto de no ha lugar contra Félix Bautista.
La campaña arrancó y la sociedad tiene que activar las alertas por su paso. De ahora en adelante sólo valdrá la consigna “todo se vale por la campaña” y “nada se hace que afecte la campaña”, aunque ese “todo” se lleve 15 de los 30 caballeros de Santiago para Santiago Oeste y ese “nada” sepulte definitivamente la credibilidad de nuestro sistema de justicia.
