Víctor D’Aza, director ejecutivo del organismo, explicó ayer que juntas municipales encargadas de brindar servicios a comunidades con más de mil habitantes apenas reciben RD$504 mil al mes, “que es menos del salario devengado por algunos funcionarios”.
En el caso de los ayuntamientos, el promedio se maneja con RD$1 millón mensual, dinero que, según D’Aza, no alcanza para cubrir los servicios básicos, ni para asumir el aumento de costos generado por las alzas de precio de los combustibles, la electricidad, los materiales de ferretería y los repuestos de vehículos. A esto se le suma el sueldo de los nuevos regidores integrados a las estructuras de gobierno local.
“La situación es insostenible. Estamos seguros de que, si no se corrige este problema antes de las próximas elecciones, las autoridades municipales no podrán trabajar”, dijo el especialista, con el interés de explicar por qué Fedomu no respalda la “fábrica” de municipios y distritos municipales de la Cámara de Diputados, donde descansan 43 proyectos de ley concebidos para elevar de categoría a la misma cantidad de comunidades.
Amparados en la ley 166-03, los 155 ayuntamientos y 228 juntas municipales de República Dominicana llevan cinco años con el reclamo de asignación del 10% del Presupuesto Nacional, pero el Poder Ejecutivo no les ha entregado más del 5%. Este año las 383 administraciones se manejan con RD$14 mil 983 millones.
INDICADORES DE MALESTAR. En abril, el Poder Ejecutivo promulgó la ley 86-11, que prohíbe embargar fondos públicos depositados en entidades de intermediación financiera o asignados en subcuentas especiales de la Tesorería Nacional en provecho de los órganos del Estado.
Como el Banco de Reservas retenía frecuentemente el dinero de los numerosos ayuntamientos y juntas municipales endeudados con terceros, Fedomu se mantuvo entre el coro de organismos que impulsaron la normativa. El proceso sacó a la luz pública las precariedades administrativas de los municipios y distritos municipales del territorio nacional.
“El Gobierno es quien los ha sometido a un estado de iliquidez, porque no cumple con la asignación del 10% del Presupuesto como manda la ley”, aseguró D’Aza.
Agregó que ya es tiempo de que el Poder Ejecutivo permita que los ayuntamientos recauden todos los impuestos de naturaleza municipal: derecho a circulación vehicular, viviendas suntuarias y patentes industriales, entre otros.
El director ejecutivo de Fedomu sostuvo que, antes de pensar en la creación de nuevas divisiones, el Estado debe resolver las limitaciones económicas de las que ya existen.
