Mientras organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos favorecen la decisión del Gobierno de anular el acuerdo al que llegaría con los adquirientes de terrenos en litis en Bahía de las Águilas, Pedernales, el Ministerio Público busca una solución definitiva al problema que ha perdurado en los tribunales por 16 años.
El inspector general del Ministerio Público, Bolívar Sánchez, indicó ayer que contrario a lo que hicieron ministerio públicos y funcionarios judiciales de otros gobiernos que manejaron el expediente de Bahía de las Águilas y lo convirtieron en “Bahía de los Buitres”, la Procuraduría General de la República tiene el compromiso de llevar este caso a un feliz término y conseguir una sentencia favorable a los intereses del país.
Según el exprocurador general de la República, Abel Rodríguez del Orbe, todos los títulos del caso eran nulos, y un 40% de los adquirientes los devolvieron por temor a ser perseguidos penalmente. Sin embargo, el magistrado Sánchez, quien lleva el caso como representante del procurador Francisco Domínguez Brito, reveló que ciudadanos contra quienes se extinguió la acción penal porque supuestamente entregaron los títulos, se destapan como parte de los reclamantes.
Tal es el caso de Miguel Nelson Fernández, quien el 17 de junio de 2003 fue beneficiado con un auto de no a lugar por el Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en razón de haber devuelto el título demostrando que no tenía la intención dolosa.
En esa ocasión, el tribunal entendió que no había pruebas que comprometían la responsabilidad penal de Fernández, nos obstante, éste vendió la propiedad a unos suizos que luego le requirieron al presidente de entonces, Leonel Fernández, que se respetara la seguridad jurídica y que se respetara esa transacción.
“Que se tenga la certeza y la garantía de que el Ministerio Público a cargo de ese expediente no se va a confabular como hicieron otros, con decretos y/o resoluciones que a todas luces evidenciaban una componenda con los ladrones de Bahía de las Águilas”, dijo el también procurador general adjunto.
Fernández, representante de la compañía Mantenimientos y Servicios Fernández, tiene el certificado de título número 1634, con ocho millones de metros. “Ese expediente no está tan difícil porque no hay inversionista verdaderos, terceros adquirientes de buena fe, no hay ninguno que tenga títulos reales”, explicó Sánchez.
El funcionario relató que ese expediente se empezó a “desguazar” cuando los terrenos fueron declarados de utilidad pública por Hipólito Mejía, en el 2001, para fines de desarrollo turístico, y luego se le sumó la decisión del juzgado de la instrucción, en 2003, que de 29 acusados solo envió a juicio de fondo al exdirector del Instituto Agrario Dominicano, Jaime Rodríguez Guzmán, a su esposa Reyna Margarita Martínez, y a su hermano Rafael Rodríguez, desmantelando penalmente ese caso. Agregó que “esto de Bahía de las Águilas se ha convertido en una cortina de humo, para tapar los fraudes que se cometieron en Puerto Plata, en Cabarete, en Baní y en Bávaro”.
A favor de la decisión de Medina
Tras saludar la decisión del Gobierno de desestimar el acuerdo sobre Bahía de las Águilas, varias instituciones plantearon la necesidad de agilizar los procesos judiciales del caso, abolir definitivamente los títulos de propiedad entregados e iniciar un programa de desarrollo turístico sostenible en Pedernales.
Participación Ciudadana, la Fundación Justicia y Transparencia, la Academia de Ciencias y la Universidad Autónoma de Santo Domingo coinciden en que la decisión del presidente Danilo Medina fue la más correcta y acertada. Creen que es posible desarrollar un plan de desarrollo en las actuales condiciones.
Rosalía Sosa, directora ejecutiva de Participación Ciudadana, felicitó al Presidente por escuchar a los distintos sectores y corregir con celeridad la desacertada decisión.
De su lado, el exministro de Turismo y actual presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, Félix Jiménez, llamó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, a agilizar el proceso judicial del caso. “El Suroeste no tiene mañana, tiene hoy, y se pasaron 16 años conociendo este caso, debieron fijarse como meta que a más tardar en un año y medio se le dé feliz término a eso”, dijo. Favoreció la decisión del Gobierno y dijo que una de las cosas que hay que cambiar en el país es la administración de justicia, para que, como ocurre en la actualidad, un caso no perdure por décadas en los tribunales.
Mientra que el ministro de Turismo, Francisco Javier García Fernández, dijo que acoge la decisión del mandatario para zanjar el conflicto en torno a los terrenos de Bahía de las Águilas, pero sostuvo que “la región Sur no tiene posibilidad de desarrollo turístico sin Pedernales”.
La Procuraduría estudia teoría del caso
Bolívar Sánchez dijo que se está estudiando la teoría del delito continuo para ver si aplica, porque las prescripciones hay que respetarlas. “No significa que porque haya prescrito la acción penal un fraude documental tenga que ser avalado por cualquier autoridad, eso se cancela, hay un procedimiento para eso en los tribunales”, explicó el magistrado. Dijo que ya se han dado las instrucciones de lugar y todos saben lo que tienen que hacer.
Inmobiliario
proceso. Unos 100 abogados forman parte de la defensa de los reclamantes de las tierras, lo que también retrasa el caso.
Hipólito Mejía
El exmandatario calificó de correcta la decisión del presidente Danilo Medina de dejar sin efecto el acuerdo.
