Colombia: Jueza ordena detener a ex secretario de Uribe

BOGOTA (AP).- La jueza penal Marlene Orjuela ordenó el sábado la detención de un cercano colaborador del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) por considerar que podría obstruir la justicia en el caso de su presunta participación en una red de espio

BOGOTA (AP).- La jueza penal Marlene Orjuela ordenó el sábado la detención de un cercano colaborador del ex presidente Alvaro Uribe (2002-2010) por considerar que podría obstruir la justicia en el caso de su presunta participación en una red de espionaje desde la policía secreta.

Es la primera decisión judicial que llega directamente a las puertas de lo que fue el despacho de Uribe, en contra de quien hasta ahora no existe ningún proceso formal.

El ex secretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, un economista de 51 años, estaba en la sede del tribunal penal en Bogotá en la audiencia pública en la que la jueza dispuso su arresto a pedido de abogados de las presuntas víctimas del espionaje.

La jueza ordenó el encarcelamiento por considerar que Moreno podría obstruir la justicia en la investigación judicial, como argumentó la Fiscalía y representantes de la parte civil.

Tras despedirse de su esposa Claudia Mejía, presente en la audiencia, el ex secretario general de la Presidencia fue escoltado fuera del juzgado por dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía.

Moreno será llevado primero a la Fiscalía y luego, por recomendación de las autoridades penitenciarias, a alguna guarnición militar de la ciudad, en donde quedará recluido.

El ex funcionario declinó formular declaraciones a los periodistas, pero su defensor Jaime Granados calificó el fallo como «equivocado».

«No puede ser que se constituya una obstrucción a la justicia el que se pida una rectificación a un medio de comunicación», dijo Granados.

El ex presidente Uribe no comentó de inmediato el fallo.

Moreno niega los cargos que la Fiscalía General le imputa: concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública, por los cuales podría recibir, en caso de ser hallado culpable, al menos tres años de prisión.

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