Los legisladores que pretenden ensanchar las ventajas que disfrutan no terminan de percibir el grado de irritación que provocan en la población.Ahora hay algunos legisladores que están considerando beneficiarse con dos exoneraciones de vehículos cada dos años, los mismos que se niegan a renunciar a un ingreso adicional a su salario: el barrilito.
El privilegio de importar libre de impuestos vehículos lujosos que no siempre utilizan, sobre los cuales transfieren el “derecho” al mercado, con los cuales obtienen ganancias injustificadas, que podrían considerarse ilícitas.
Pero entre los senadores hay quienes abogan por eliminar ese tipo de concesiones. Sería muy loable que asumieran esa actitud con total determinación.
¿En base a qué se ha perpetuado la práctica de conceder exoneraciones a esos servidores públicos que devengan altos salarios, dietas, viáticos, y otros ingresos extraordinarios?
Es una práctica odiosa para la población, con el agravante de que entraña una violación a la norma que sugiere que no se debe legislar para beneficio propio.
Es la reiteración de un proceder conveniente, como la creación del Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano, hecho a la medida, para ampliar un paquete exclusivo de beneficios para ellos mismos, como el recién aprobado régimen de pensiones en las condiciones más favorables.
Si un legislador, que por su condición misma tiene un estatus privilegiado, puede disfrutar de ese tipo de ventajas, ¿por qué no hacerlas extensivas a todo el pueblo? Parecería justo, pero sería tan absurdo como lo es esa facultad discrecional que no se ampara en ningún marco legal.
En vez de considerar o discutir “los derechos” de importación de determinada cantidad de vehículos durante su período, esos señores lo que deben es reflexionar hasta dónde esa conducta daña la percepción que tiene la población sobre ellos.
Han debido entender que la ciudadanía se siente no sólo burlada, sino estafada por esta voracidad adquisitiva de beneficios en forma tan descarada.
