Hay temas que generan mucha pasión y sobre los cuales se erigen mitos que distorsionan el debate y que en vez de ayudar a afrontar el problema lo agravan más. Esto sucede con la discusión de la modificación del Código de Trabajo.
Es preciso despojarse de prejuicios para desmontar los mitos existentes y comprender mejor las realidades, como mecanismo para lograr el objetivo fundamental que debe ser eliminar las distorsiones y provocar efectos positivos.
Uno de los mayores mitos en relación con este asunto es la falsa creencia de que la pesada carga laboral y las consecuencias negativas de la rigidez de nuestra normativa es un problema que solo afecta a los grandes empresarios.
Los más afectados son precisamente los micro, pequeños y medianos empresarios, cuyos negocios no resisten el embate de demandas laborales que los obligan, muchas veces sin razón, a consignar sumas inaccesibles y tener gastos legales más allá de sus posibilidades.
El reclamo de la modificación de nuestra legislación laboral es la expresión de todos los emprendedores dominicanos, desde un pequeño salón de belleza, una cafetería, una tienda o un gran comercio o industria. Los más de 20 años de vigencia del Código demuestran las perversidades a las que han dado lugar muchas de sus disposiciones, las que han actuado en detrimento del mercado laboral y en beneficio de inescrupulosos abogados, que se han aprovechado para chantajear a empleadores y abusar de muchos de sus defendidos, que previamente les ceden sus casos por valores muy inferiores a las importantes sumas que en base a triquiñuelas, logran llevar los reclamos.
Y este es un segundo gran mito, que las disposiciones del Código actual solo benefician a los trabajadores y que su modificación los afectaría. No es así. Muchas de las disposiciones más criticadas que han dado pie a abusos y que legítimamente se reclaman modificar, solo sirven a intereses espurios de quienes no merecen el título de defensores.
Otro mito es que la discusión de la normativa laboral solo atañe a la protección de los humildes trabajadores, lo que tampoco es así. Importantes ejecutivos con altísimos salarios, aunque hayan sido condenados por fraudes en las empresas que laboraban, han llevado sus reclamaciones de prestaciones laborales, ya que el cálculo de la cesantía laboral actualmente no tiene límites ni de montos de salarios, ni de sumas acumuladas.
Por eso cuesta creer que muchas personas se nieguen a abordar racionalmente esta discusión. Nuestra legislación laboral tiene que ser modificada no para único beneficio de los grandes empresarios, tampoco para perjudicar a los trabajadores, debe hacerse para modificar elementos que han provocado, desde hace años, abusos contra empleadores y quiebras de algunos negocios, actitudes negativas de malos empleados que fuerzan la terminación del contrato de trabajo para recibir prestaciones, estancado el aumento de los salarios ante el gran peso de las reservas obligatorias y beneficiado a inescrupulosos abogados que con sus chantajes e ilegalidades, han socavado nuestra justicia laboral.
