Dice cabildo viola acuerdo para conservar casa

Santiago.  La reconstrucción de la casa del general Teodoro Gómez, que sobrevivió al incendio de la ciudad en 1863, no se ajusta a los planos aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.

Santiago.  La reconstrucción de la casa del general Teodoro Gómez, que sobrevivió al incendio de la ciudad en 1863, no se ajusta a los planos aprobados por la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental.En ese sentido se advierte que el acuerdo arribado establecía que de ser violado como ha sucedido, Patrimonio Monumental podía iniciar acciones judiciales contra la alcaldía para garantizar su reconstrucción. La vivienda fue demolida por las autoridades municipales en diciembre de 2013, no obstante haber sido declarada por decreto como Patrimonio Nacional.

Mediante una carta dirigida por el arquitecto Fausto Ortiz, director de la Regional Santiago de la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental al alcalde Gilberto Serulle, establece que la edificación reconstruida no presenta los ventiladores que antes figuraban en las puertas de acceso al inmueble original.

Además, la inclinación de la parte inferior del techo fue modificada y los muros perimetrales del patio no han sido levantados, como tampoco la puerta de acceso a este, coronada por un arco de medio punto.

De acuerdo a la comunicación, las autoridades de Patrimonio Monumental tampoco recibieron respuesta alguna de la alcaldía para la inspección final del inmueble, tal y como le fuera requerido a Serulle, por lo que los inspectores realizaron la visita en la que determinaron las incongruencias observadas.

El ayuntamiento de Santiago había suscrito un acuerdo con Patrimonio Monumental para la reconstrucción de la vivienda, conforme sus especificaciones arquitectónicas originales, siguiendo las especificaciones dictadas por la última.

El convenio también establece que la violación a esa obligación despoja al acuerdo de todo valor y efecto jurídico y Patrimonio quedaría en libertad de iniciar las actuaciones judiciales que garantizaran la reconstrucción e incluso su expropiación por causa de utilidad pública. Otros sectores también han reclamado que el inmueble sea devuelto a la ciudad, por su significativo valor.

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