Doscientos veinte, de 229 directores de distritos municipales, acudieron al Congreso Nacional a reclamar una modificación a la Ley 176-07, del Distrito Nacional y los Municipios, porque quieren ser autónomos. Ahora tienen que rendir cuentas y pedir aprobación de su presupuesto u obras a los concejos de regidores.
Los distritos municipales son unidades administrativas desconcentradas del municipio al que pertenecen y el artículo 82, de la referida legislación, les tiene prohibido realizar empréstitos, apropiar o enajenar bienes municipales y crear arbitrios de cualquier naturaleza.
Argumentan que necesitan autonomía para manejar su presupuesto, para crear y cobrar arbitrios y dejar de promover malas prácticas de corruptelas, porque cada vez que someten alguna iniciativa a los concejos de regidores tienen que pagar a los ediles para agilizar sus peticiones. Se amparan en que el artículo 199 de la Constitución les otorga personería jurídica, pero se olvidaron de que la Carta Magna también es clara cuando dice “fijado de manera expresa por la ley” y la ley es la municipal.
Se pensaba que la corrupción en los distritos municipales había quedado atrás y la institucionalidad reinaría, cuando en agosto del año 2007 la ley establece que los directores serían escogidos por el voto popular y no por el concejo de regidores que, en la mayoría de los casos, negociaban con esos puestos y hasta los convertían en una nómina especial del partido de pertenencia. Las cosas ahora se hacen de otra manera. Los reclamantes tienen todo el derecho de pedir respeto a los regidores y que cumplan con su misión de legislar y fiscalizar, pero no que se les otorgue total autonomía a esos territorios, porque muchos de ellos no cumplen con los requisitos que establece la ley para tener categoría de distrito municipal.
Si se acoge tal pedimento, se crearía una terrible distorsión. Imagínese que cada pedazo de territorio comience a crear propios arbitrios. Hay distritos municipales que sólo tienen una calle. ¿Qué pasaría en Azua, si los 22 distritos municipales crean sus propios impuestos?
