El Ejecutivo cancela al oficial Liriano

El Poder Ejecutivo dispuso ayer la cancelación del teniente coronel Johan Liriano y  otros oficiales vinculados a diversos hechos reñidos con la ley.

El Poder Ejecutivo dispuso ayer la cancelación del teniente coronel Johan Liriano y  otros oficiales vinculados a diversos hechos reñidos con la ley.Estas cancelaciones se produjeron a solicitud del Consejo Superior Policial. La Policía Nacional vincula a Liriano Sánchez y otras  13 personas a una red criminal que supuestamente mató a decenas de personas.

Investigadores policiales establecieron que el exoficial se reunía de manera frecuente en su finca de la comunidad El Porquero, San Cristóbal, con los integrantes de la red, de la cual formaban parte los asesinados delincuentes Juan Félix Cordero Febles (Copelín) y Edgar Rijo Astacio (Maestrico).

La institución explicó que los proyectiles encontrados en la finca de Liriano Sánchez, quien alega haberla vendido, y los hallados en el lugar donde fueron encontrados tres cadáveres, en Yaguate, incluyendo el de Copelín, coinciden.
En el proceso investigativo, montado tras la muerte de “Copelín”, se hizo un allanamiento al apartamento de Liriano,  donde se encontró un contrato de venta de la finca por un valor de 147 mil dólares a Lorenzo Guzmán Martínez, miembro de la red, dicha venta fue irregular, según la Policía.

Historial delictivo

La Policía reveló  un historial delictivo de Liriano existente en el Departamento de Justicia Criminal de Massachusetts, Estados Unidos. En este, figura registrados en los años 1994, 1995 y 1998, por usar una placa falsa de vehículo, violación a la propiedad privada (robo agravado), asalto y agresión doméstica a su esposa y porte de arma de fuego sin licencia. Liriano, quien fue encargado de la DNCD en el Aeropuerto Internacional de las Américas, cobró notoriedad luego de amenazar a los periodistas con involucrarlos en casos de drogas de éstos continuar su labor de denunciar los casos.

La Fiscalía no ha presentado medida

Las autoridades del Ministerio Público de San Cristóbal sostienen que no tienen elementos de prueba suficientes para solicitar coerción contra el oficial, que ha sido llamado en  varias ocasiones por ante esa fiscalía. De su lado, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, dijo que para ellos ese caso estaba cerrado.

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