El Estado puede

Con una inversión de RD$13 mil millones, un grupo de inversionistas construirán una terminal de gas natural en San Pedro de Macorís para ampliar la capacidad de almacenamiento de ese carburante y viabilizar la conversión de varias plantas de generaci

Con una inversión de RD$13 mil millones, un grupo de inversionistas construirán una terminal de gas natural en San Pedro de Macorís para ampliar la capacidad de almacenamiento de ese carburante y viabilizar la conversión de varias plantas de generación eléctrica para producir mil megavatios.

El gas natural es más competitivo que los derivados convencionales de petróleo y hay que suponer que esta inversión impactará hacia la baja la tarifa energética y estimulará a los generadores a reformar las matrices de generación que son tan onerosas para los usuarios y para el Estado benefactor.

El servicio eléctrico es el gran problema de la economía y superarlo es una necesidad nacional. Por eso no entendemos por qué la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE)  se ha opuesto a que el Estado intervenga en la generación con la instalación de las dos plantas a carbón y que incluso cuestione su papel para mejorar la prestación de un servicio vital.

El estatuto de la Nación establece muy claramente el rol del Estado para asegurar los servicios públicos: “El Estado garantiza el acceso a servicios públicos de calidad, directamente o por delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación, transferencia de la propiedad accionaria u otra modalidad contractual, de conformidad con esta Constitución y la ley”. Pero además, deja claro que es “facultad exclusiva” del Estado regular los servicios públicos.

Más aún, mediante el artículo 219, la Constitución establece que “bajo el principio de subsidiaridad, el Estado, por cuenta propia o en asociación con el sector privado y solidario, puede ejercer la actividad empresarial con el fin de asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos y promover la economía nacional”.

Es misión del Estado garantizar el funcionamiento de la economía, la prestación de los servicios públicos y mantener la paz, y es obligación de los gobernantes obedecer ese mandato constitucional.

Y los empresarios, más que cuestionar ese papel estimulador del progreso, lo que deben es apoyarlo, como acaban de hacer quienes instalarán la terminal de gas. l

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