La Presidencia recomendó que se le otorgue facultad legal a la Superintendencia de Pensiones (Sipen) para que intervenga y liquide los planes complementarios que no estén regulados.El Gobierno le recomendó al Congreso que prohíba por ley el aporte de fondos públicos para los planes complementarios de pensiones que tienen algunas entidades públicas, porque representan una doble contribución del Estado.
Igualmente, aconseja que la ley establezca el cese de esos programas, porque operan al margen de la normativa 87-01 de Seguridad Social.
La comisión que designó el presidente Danilo Medina para que revise las pensiones en el sector público y que encabeza el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, sugirió que se modifique el proyecto de ley del sistema de reparto de pensiones, que elaboró el Ministerio de Hacienda y conoce actualmente el Senado. La decisión que requiere fuerza de ley está contenida en el decreto 616-12.
La comisión consideró que todos los planes de pensiones que se creen deben estar fundamentados en la capitalización individual y contribución definida para garantizar el equilibrio financiero. “Los planes no registrados conforme a la ley 87-01, y en los plazos establecidos en la misma deberán cesar sus operaciones e incorporarse al sistema nuevo”, dice el documento, que fue leído por el vocero, Roberto Rodríguez de Marchena. “Estas medidas están encaminadas a racionalizar el gasto del Estado, lograr una fiscalización eficaz y tener un mayor control sobre los aportes”, indica el comunicado.
“No se podrá disfrutar de más de una pensión con cargo al erario, ni será compatible la calidad de jubilado pensionado del Estado con la de servidor o funcionario público, salvo las excepciones previstas en la ley y la Constitución de la República”, establece la Presidencia de la República.
