Qué está pasando con el TRAE del Minerd

Durante décadas, el traslado hacia los centros educativos ha sido un gasto asumido directamente por los hogares dominicanos. Para muchas familias, especialmente las de menores ingresos, enviar a varios hijos a la escuela representa un ejercicio permanente de administración del presupuesto.

Como todo en economía, los hogares se dividen entre enviar a sus hijas e hijos solos a los centros educativos o (en los casos de quienes pueden disponer de un par de pesos más) confiarlos a un motorista de confianza o a la compañía de otros estudiantes.

El costo del transporte se suma a la alimentación, los materiales escolares, el uniforme y las demás necesidades del hogar. Y en cada una de las soluciones, la inseguridad juega un papel destinado a agregar incertidumbre a padres, madres y tutores.

En ese contexto, la creación del sistema de transporte escolar (TRAE), mediante el Decreto 616-22 del 23 de octubre de 2022, introdujo un cambio en la manera de abordar la movilidad escolar. El Estado asumió la responsabilidad de organizar un servicio gratuito de transporte para los estudiantes del sistema educativo público, con objetivos relacionados con la asistencia escolar, la seguridad vial y la reducción de las barreras económicas de acceso a la educación.

Su trascendencia reside precisamente en esa articulación entre educación y protección social donde las garantías materiales para posibilitar el acceso son indispensables. Así, junto a la corresponsabilidad de las familias con enviar a sus hijos a recibir docencia también está el medio que reduce las barreras de participación, lo cual lo convierte en un mecanismo que, aunque no lo explica por completo, incide en la reducción de la pobreza intergeneracional.

Los resultados reportados permiten dimensionar el alcance de la iniciativa. En junio de 2026, la dirección del TRAE informó que el programa había generado ahorros acumulados superiores a RD$21,500 millones para las familias dominicanas. Dos meses después, para el inicio del año escolar 2026-2027, el Gobierno anunció el despliegue de 1,871 autobuses en las 31 provincias y el Distrito Nacional.

Aunque el ahorro es una estimación institucional que requiere evaluaciones independientes para establecer su impacto neto, la dimensión económica de la política resulta evidente: cuando una familia deja de pagar diariamente por el traslado escolar, dispone de recursos que puede utilizar para otras necesidades.

Pero el verdadero alcance de TRAE va más allá del dinero.

El transporte escolar también tiene un efecto sobre la organización familiar. En muchos hogares, llevar y recoger a los niños implica modificar horarios laborales, recurrir a familiares o dedicar una parte considerable del día a desplazamientos. La existencia de rutas escolares establecidas puede disminuir esa carga y facilitar que madres, padres y tutores organicen sus jornadas con mayor previsibilidad.

Este aspecto adquiere especial relevancia en el caso de las mujeres, sobre quienes continúa recayendo una parte considerable del trabajo doméstico y de cuidados. Un sistema de transporte escolar que funcione con regularidad puede contribuir a redistribuir el tiempo dedicado a estas tareas y facilitar su participación laboral, educativa y comunitaria.

También está la dimensión de la seguridad. El traslado de niños y adolescentes requiere medidas de protección que difícilmente pueden depender exclusivamente de la capacidad económica de cada hogar. TRAE incorpora autobuses equipados con sistemas de posicionamiento GPS, cámaras de vigilancia y mecanismos de supervisión. Estas condiciones forman parte de una política orientada a reducir los riesgos asociados con los desplazamientos escolares.

Desde la perspectiva educativa, el transporte gratuito busca enfrentar la desigualdad que surge cuando la distancia entre el hogar y la escuela condiciona la asistencia. Para un estudiante que vive lejos de su centro educativo, la disponibilidad de transporte puede representar la diferencia entre asistir regularmente o enfrentar interrupciones derivadas de dificultades económicas y logísticas.

La inclusión constituye otro aspecto de esta discusión. Un sistema nacional de transporte escolar debe garantizar que los estudiantes con discapacidad puedan utilizarlo en condiciones de accesibilidad y seguridad. La documentación institucional presentada en 2026 identifica 51 autobuses accesibles, adaptados para sillas de ruedas. Es un avance operativo que plantea la necesidad de continuar ampliando la cobertura accesible, formar al personal y asegurar que los puntos de recogida respondan a las necesidades de los estudiantes.

Claro, todavía queda por delante conocer si estos autobuses accesibles están distribuidos de acuerdo con zonas de demanda. Pero es innegable que ese criterio, unido a la formación que reciben conductores y auxiliares, ya es un elemento distintivo de esta política.

La expansión territorial, por su parte, introduce desafíos de sostenibilidad. Mantener una flotilla de esta dimensión exige recursos para combustible, mantenimiento, supervisión, personal y renovación de unidades. También requiere transparencia en los contratos y mecanismos para verificar la calidad del servicio, la puntualidad, la utilización de las rutas y la satisfacción de las familias.

Un programa de transporte escolar no puede evaluarse exclusivamente por la cantidad de autobuses adquiridos o los kilómetros recorridos. Su eficacia debe medirse por la regularidad con la que los estudiantes llegan a la escuela, la seguridad de sus desplazamientos y la reducción efectiva de los costos que enfrentan los hogares.

Y ahí es donde entiendo que, desde las organizaciones de sociedad civil hasta los hogares, tenemos que ejercer el rol de observancia. El ministerio dio un paso determinante en materia de accesibilidad; pero es función social velar por su preservación, más allá de los controles y mantenimiento que puedan contemplarse desde el Estado.

El sistema de transporte estudiantil merece ser examinado como parte de la arquitectura de protección social dominicana. Su consolidación dependerá de mantener el servicio, corregir las brechas de cobertura, fortalecer la accesibilidad y demostrar mediante evaluaciones periódicas cuáles son sus efectos reales. Mientras tanto, nos toca reconocer que estamos acercándonos a nuevas dimensiones del bienestar social, con instrumentos concretos que permiten ser medidos en términos de impacto duradero.