La Federación Latinoamericana de Magistrados (Flam)instó al Consejo del Poder Judicial a cumplir la Ley 327-98 de Carrera Judicial, “violada” en los ascensos a favor de 110 magistrados. El llamado del órgano internacional, contenido en una declaración dada el pasado martes 1 de mayo, en el marco de la Sexagésima Primera Asamblea de la Flam, realizada en San Juan, Puerto Rico.
El reclamo se produce debido a que la Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), representantes de la República Dominicana ante la federación, denunció “la ausencia de un procedimiento objetivo y transparente de promociones judiciales que se sustente en los méritos del candidato, eliminando cualquier margen de discrecionalidad, lo que ha quedado en evidencia en las recientes designaciones que han dejado inconclusos algunos nombramientos e incluyeron otros, en violación de la Ley de carrera”.
Otras quejas
En el informe presentado al organismo, Judemo agregó que se han iniciado procesos disciplinarios contra jueces en reacción a presión mediática sin que exista respeto al debido proceso y al derecho a doble instancia en materia disciplinaria.
También explica que persiste el incumplimiento por parte del Gobierno central de la asignación presupuestaria establecida por la ley para el Poder Judicial que es un 2.66% del PIB.
“Instar al Consejo del Poder Judicial de la República Dominicana que garantice efectivamente procedimientos de promoción de los jueces sobre la base de un sistema objetivo, transparente y de acceso a la información, basado en mérito, antigüedad y evaluación del desempeño”, dice la declaración de la Flam.
La agrupación, por medio del referido documento, también pidió al Estado Dominicano que garantice la asignación presupuestaria para el Poder Judicial según la ley y exigió el cese de juicios disciplinarios que pretendan sancionar a jueces por el contenido de sus sentencias. El pleno de la Flam agrupa a jueces de 18 países de Latinoamérica.
Responden a Hipólito
Decenas de abogados rechazaron ayer los pronunciamientos que hiciera el candidato presidencial perredeísta, Hipólito Mejía, quien llamó pelafustanes y sinvergüenzas a los jueces de las altas cortes y amenazó con expulsar muchos de ellos si llegara a la presidencia.
“Una acción irreflexiva anunciada de forma ligera, que pretende atentar contra los tribunales superiores violando la Constitución, quebrantaría el estado de derecho, creando una inseguridad y desorden institucional, perjudicial para la vida democrática nacional”, dijo Juan Miguel Castillo Pantaleón al hablar a nombre de sus compañeros abogados.
En la marcha organizada por los miembros de la Asociación Nacional de Juristas Independientes (Anji) fue notoria la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe, quien rehusó dar alguna opinión. Los profesionales del derecho desfilaron con togas y birretes, desde la Lotería Nacional hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ) donde depositaron un documento mostrando su respaldo a los jueces según ellos “elegidos acorde al derecho”.
