Kermit, Fozzie el oso, Frank, Gonzo y la Rana René son cinco de los personajes de un popular programa de televisión británico-estadounidense de los años 70 y principios de los años 80, creado por Jim Jenson. El programa fue pensado solamente para público adulto, pero de repente, empezó a ser del gusto de los niños, convirtiéndose de esta manera en un programa de entretenimiento familiar. Cualquier parecido con los dirigentes políticos dominicanos es pura coincidencia.
Cuando asistimos a un evento que nos resulta en extremo ridículo, porque las cosas resultan, para sorpresa nuestra, irónicamente contraria a lo esperado, la mente se nos traslada a un teatro semejante al show de los Muppets, donde prima la payasada y la comiquería que arranca lágrimas de risas. El espectáculo de los últimos días escenificado de forma lamentable por potenciales presidentes de la República, gente que por cuyo liderazgo está supuesto en días, uno de ellos o ellas, a jurar frente a la Constitución de respetarla y respetar las leyes. La obligación que como organizaciones políticas reconocidas de quienes frente a la Junta Central Electoral montó un espectáculo que no tiene nada que envidiar al Show de los Muppets, no deja de ser una típica dominicanada que concibe las cosas de cualquier manera, menos como la norma indica.
La Constitución de 2010(15) es clara cuando en su artículo 139, establece con precisión que el control de legalidad sobre resoluciones y actuaciones de funcionarios u órganos del Estado lo tienen los tribunales, como viene a ser, y es el caso de la Res. 64-2016 y la JCE; y no, el populismo jurídico accesado a través de la presión social como camino de reconocimiento de un Estado democrático de derecho. Estado de derecho donde el imperio de la norma es lo fundamental y en ella están contenidos los procedimientos de ley del debido proceso.
Según el art. 214 de la Constitución no es la JCE, si no, el Tribunal Superior Electoral, quien debe conocer las controversias del conteo electrónico de los votos, por ser la jurisdicción contenciosa llamada a conocer estas controversias y diferendos en materia electoral.
No hay que ser un genio del derecho y mucho menos un experto constitucionalista, para entender que la Ley General Electoral 275-97 es una ley inconstitucional, obsoleta, inconsistente y antinómica, que genera un conflicto de competencia con la Ley 29-11 que norma el Tribunal Superior Electoral. La protesta montada por quienes empujan la JCE a actuar en función de jurisdicción y ámbito de competencias no conferido por la constitución, hacen de su forma de proceder una razón jurídica incongruente e incoherente a la constitucionalidad electoral. Cabe señalar, en adicción, que la ley les reserva a los partidos, vías legítimas y procedimentales que no son la turba popular, el molote jurídico y el caos procesal. ¿Por qué los delegados políticos ante la JCE aprobaron todo lo que hoy sus jefes de partidos impugnan frente al órgano electoral con métodos nada ortodoxos a la cultura jurídica? ¿Es la JCE el problema o la ausencia de una legislación electoral y ley de partidos el verdadero problema?
El show electoral a destiempo de los niños y niñas Muppets presidenciables, en nada entretiene las familias dominicanas. Este comportamiento infantil anti político y temerario, llena de incertidumbre y stress electoral el país. Si lo que quieren es deslucir la fiesta y echar un pelo en el salcocho, algo huele mal. ¡Qué momento!
