El jurista Eduardo Jorge Prats consideró que para que la justicia funcione en el país, es necesario que los ciudadanos y sus organizaciones mantengan un reclamo constante y una vigilancia permanente sobre las altas cortes.
“Esta Constitución va a morir por desuso, pero no se lo achaquemos a los gobernantes…El problema de esta Constitución somos nosotros los ciudadanos”, puntualizó.
Señaló que la única forma de lograr que en el país se aplique una justicia con apego al derecho es que los ciudadanos participen y la prensa asuma su papel de investigación y divulgación.
“Si la ciudadanía se mantiene alejada, si la prensa no hace un intenso escrutinio de las decisiones (judiciales), podemos repetir los errores”, sostuvo Jorge Prats al responder preguntas en la entrevista del matutino “El Bulevar con Pablo McKinney”, por CDN 37.
Asimismo se pronunció por la total transparencia del ejercicio judicial en las altas cortes, porque no es posible que la Suprema Corte de Justicia tuviera 9,000 expedientes sin fallar y la ciudadanía no supiera nada.
Asimismo Jorge Prats dijo que República Dominicana es el único país del mundo “donde de sopetón se sustituyen más de 30 miembros de las altas cortes” sin hacer una evaluación del desempeño de esos jueces y sin que los dos miembros de la Suprema Corte de Justicia integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, hicieran constar sus votos disidentes.
A juicio de Jorge Prats, lo más importante en este momento es que haya una solución a la mora judicial, que los tribunales fallen los casos pendientes y que lo hagan con razones jurídicas.
Justicia para vencer la pobreza
Reiteró que para que la justicia funcione correctamente, la ciudadanía tiene que activarse, tomar por asalto las altas cortes.
“Debe haber observatorios ciudadanos de las altas cortes, porque lo que tenemos es una justicia que se ha alejado del problema del ciudadano de a pie, una justicia que no le importa las interrupciones del servicio eléctrico, una justicia que no le importa el problema de los pensionados, una justicia que no le importa que un ayuntamiento desaloje a decenas de vendedores ambulantes, violando su libertad de empresa y su derecho a un mínimo vital, es una justicia que solo está preocupada por los problemas patrimoniales de las grandes empresas”, apuntó el experto en derecho constitucional.
Jorge Prats estimó que para que esa justicia le llegue al simple mortal, al ciudadano de a pie, “tiene que haber entonces las organizaciones comunitarias con recursos legales capacitados en el gran litigio estratégico por los temas sociales para que esta justicia sea una justicia de la lucha contra la pobreza”.
“En un país donde más de la mitad de la población es pobre, una justicia que no esté preocupada por eso, no es una justicia que va a tener legitimidad frente a este ciudadano”, sostuvo el jurista.
Consideró que la gran pobreza del derecho constitucional dominicano “es no haber sido configurado como un derecho de la lucha contra la pobreza. Y eso es lo que le está haciendo falta a esta justicia”.
Grandes carencias del Estado de derecho
Jorge Prats declaró que “una de las grandes carencias de nuestro proceso es que nosotros hemos sido primero Estado democrático y luego estamos intentando ser Estado de derecho. España fue Estado de derecho antes de ser Estado democrático”, donde el ciudadano, bajo la dictadura de Francisco Franco, reclamaba sus derechos ante el ayuntamiento.
Por el contrario, dijo el jurista, “nosotros que venimos de un Estado satánico trujillista y que hemos saltado a ser un Estado democrático a partir de la transición del año 1978, no hemos construido las herramientas para el control de la legalidad de la actuación administrativa que hoy es un principio institucionalmente garantizado”.
¿Qué hacer?
Ante la pregunta de qué se puede hacer para modificar la realidad de que los tribunales no fallan contra el poder, Jorge Prats dijo que “eso se revierte aprobando una ley de procedimiento administrativo, aprobando una ley de la administración pública y fortaleciendo una jurisdicción contencioso-administrativa”.
Consideró que para que esta Constitución tenga utilidad, “la sociedad civil debe articular un conjunto de litigios estratégicos para avanzar en los temas que nos preocupan: Derecho a la educación, a la salud, seguridad social, el derecho a la seguridad ciudadana a vivir sin violencia, para eso está esa pléyade de organizaciones ciudadanas que nosotros tenemos”.
Señaló que si bien es justo que las personas luchen en las calles por conquistar derechos, también los tribunales son espacios en los que los ciudadanos pueden luchar mediante habeas corpus, con amparo, con habeas data.
