Estamos contestes en que la sociedad requiere una nueva legislación penal, lo que se justifica en los cambios en el mundo de estos tiempos, en las comunicaciones y el transporte, el comercio y en la geopolítica, lo que ha impactado la gobernanza en todos los países. Los cambios globales conllevan una internacionalización de la criminalidad, que se ha convertido en la peor peste que amenaza la seguridad, no importa que las naciones estén regidas por administraciones centralizadas, dictatoriales o democráticas. Igual, el crimen organizado en sus más variadas expresiones ha calado, en la misma medida que se han expandido las actividades legítimas de producción, negocios o servicios.

El ámbito de mayor actividad del crimen es el narcotráfico, unido al lavado de activos, con un amplio espectro que permea la organización política, económica y social. Habría también que considerar los crímenes y delitos electrónicos dentro de lo que constituye la globalización de la delincuencia. Asimismo, las instituciones públicas y privadas están a merced de administradores depredadores e inescrupulosos que violan las normas de adecuado manejo de los bienes públicos y privados.

La vida en familia, las relaciones interpersonales y vecinales adquieren nuevas formas y con frecuencia la sociedad se ve sorprendida por ilícitos que requieren nuevos criterios que organicen el régimen de las penas, según la naturaleza y alcance de las infracciones.

La reforma al Código Procesal Penal se inscribe en ese temperamento. Pero se necesita que la obra sea completada. El trabajo de reforma del Código Penal dominicano debe llegar a término.

La historia del proyecto de reforma del Código Penal se inscribe en el común denominador de los procesos legislativos dominicanos, que tiende a ser pedregoso y lento, aunque hay que reconocer que por tratarse de una iniciativa de esta naturaleza, requiere tiempo, sosiego, comprensión, mucho trabajo, control y calidad.

Pero la primera versión del proyecto de reforma del Código Penal fue introducida al Congreso el 16 de octubre de 2003, y sigue en agenda. Ahora espera en el Senado.

Al Código Penal hay que buscarle una solución. ¿Una ley especial que resuelva el delicado tema del aborto o una consulta –referéndum- que implique una reforma constitucional?

Tiene 2 aeropuertos, 2 puertos, buenas carreteras, paisajes que cortan el aliento. Más: el Bahoruco, el Hoyo de Pelempito, el lago Enriquillo con sus balnearios termales, sitios arqueológicos, Bahía de las Águilas, islas Beata y Alto Velo. Más: las lagunas de Cabral y Oviedo, Polo, Neyba y sus viñedos. Más: un pueblo dispuesto a fajarse. Entonces, si Danilo Medina quiere 10 millones de turistas, ¿qué diablos espera para hacer del Sur profundo el gran polo turístico que este país merece? ¿O son más poderosos quienes se oponen desde el Este?

Como se están viendo las cosas, parece que los sureños que sueñan con Monte Grande tendrán que esperar pacientemente. Ya febrero dobló la mitad del período, y aún no se producen los desembolsos del gobierno previstos en el Presupuesto y mucho menos se observan indicadores de que se gestione la búsqueda de financiamiento para esa obra, como se proyectó para el 2013. Eso lo sabe el senador Eddy Mateo Vásquez que insiste ante el ministerio de Hacienda para que agilice las vías de financiamiento. El gobierno sigue entrampado en los límites que desde el año pasado le impuso el déficit fiscal y parece que no encuentra cómo ni dónde agenciarse 250 millones de dólares para el proyecto. La espera será larga. Mínimo, otro año más.