El discurso estaba destinado a promover todo el sentimiento patriótico en un gran acuerdo tácito alrededor del Gobierno. “El país que no se hace respetar no tiene derecho a llamarse una nación libre; y la República Dominicana es una nación libre, por la voluntad de sus fundadores y por la sangre de los que la mantuvieron libre y soberana; y lo es por la voluntad de su pueblo, y por la decisión del Gobierno democrático que ese pueblo eligió el 20 de diciembre de 1962”. Bosch lucía verdaderamente ofendido. El ultraje hecho por Duvalier al honor nacional era “indignante” y él no estaba dispuesto “a tolerar esa situación y no la toleraremos por ningún motivo”. Mientras hablaba, cientos de partidarios se manifestaban en las calles ofreciéndose de voluntarios para subsanar ese ultraje.
Al conocerse oficialmente del ataque a la embajada, informaba Bosch, ataque por demás “salvaje e imperdonable a nuestra soberanía”, el Gobierno se apresuró a tomar medidas para proteger la embajada haitiana en Santo Domingo de la ira popular. La cosa era, razonaba el mandatario, “que si la noticia del atropello que se nos había hecho en Puerto Príncipe salía a la calle, nuestras juventudes podían indignarse y en medio de la indignación podían atacar a la embajada haitiana en esta capital”. Bosch hacía una distinción entre la tiranía de Duvalier y el sufrido pueblo haitiano. No debía haber confusión al respecto. El pueblo de Haití era asesinado y explotado por tiranos. En cambio, la Embajada representaba al pueblo haitiano, no a un gobierno despótico como el de Duvalier.
También enumeraba un rosario de vejámenes contra ciudadanos dominicanos cometidos por las autoridades haitianas. Tales agresiones pasaron a ser ataques a la República desde el momento en que Duvalier pidió, de manera inexplicable y ofensiva, el cierre de consulados dominicanos en Cabo Haitiano y Juana Méndez, “cosa que no se hace entre países, sino cuando el que pide el cierre quiere insultar al otro o cuando se desea provocar una ruptura de relaciones”. A seguidas pasaba a detallar casos específicos de dominicanos objetos de esos vejámenes. Incluía los de algunos diplomáticos declarados personas non grata “sin explicaciones y con deseos de ofender”. Tal eran los casos de Marco A. Cabral y de los doctores Ciro Amaury Dargam Cruz y Antonio Jiménez Dájer. De 28 haitianos que se habían refugiado en la embajada dominicana en Puerto Príncipe desde junio de 1962, sólo seis habían obtenido salvoconductos de las autoridades de ese país. Según Bosch esta era otra ofensa a la República.
