No sabemos hasta cuándo la Policía o sus agentes usarán su licencia discrecional para aplicar una pena que no existe en el Código Penal dominicano: la muerte. Otra vez recurrieron, lo que es usual, a la misma en Santiago, aplicándosela al joven Manuel Alberto Sarita Peralta, a quien señalan como delincuente.
El vídeo colgado en Facebook, filmado por quienes presenciaron el asesinato, muestra cómo los agentes se acercan al joven, indefenso, con las manos levantadas, y le pegan no menos de cinco balazos.
Poco después, la Policía, en su rutina, informaría que “un delincuente” murió en “un intercambio de disparos”.
El vídeo revela hasta cuando el joven Sarita Peralta alcanza a gritar: “…me quieren matar”. E inmediatamente después se escuchan los balazos y las voces desgarradoras de personas que veían la escena. Y frustrado, alguien grita: “Lo tenemos grabado, abusadores”.
La cobardía de estos uniformados no tiene límite. Cometieron el crimen frente a un grupo de personas, de la manera más fría, infame, aleve, sin inmutarse.
La gente, impotente, huyó horrorizada.
La Policía, recurriendo al procedimiento convenido, informaría después que en ese “incidente” resultaron “impactados de balas” el sargento mayor Santiago Taveras, y el cabo Antony Sarita Rodríguez, en la calle 5 esquina 4 del sector Los Ciruelitos.
Esta vez, al menos, ha quedado evidenciado cómo es que la Policía mata a sangre fría. Eso no significa que algunos delincuentes no la enfrenten, pero parece que existe un código oral de abatir a sospechosos de cometer delitos.
El pasado lunes se denunció la ejecución del “presunto atracador” Julio César Hiciano, a manos de agentes del Dicrim, en el sector El Perú, en Moca.
Es la repetición de la misma historia. Es la vigencia del imperio de la criminalidad en manos de la Policía. Se reafirma que esa institución constituye un factor multiplicador de la violencia.
“Acabar” los delitos matando supuestos delincuentes es estimular el asesinato como un estatuto especial de la Policía y profundiza la cultura de la muerte.
Frente a hechos de esa naturaleza debía procederse no sólo “investigando”, que es una farsa, sino determinando bajo qué predica es que los oficiales superiores mandan a esas bestias a las calles.
