La más terrible expresión de un sector salud en profunda crisis es la gran tragedia de las 11 niñas y niños fallecidos por elementales fallas de los servicios de salud en la República Dominicana. Son variados los planteamientos que se han hecho hacia la búsqueda de la superación de la situación. El problema gerencial es lo principal, focalizado en los modelos de gestión y atención; pero ha de estar acompañado de un importante incremento de los recursos financieros que se disponen.
Lo primero es conocer la situación actual del financiamiento en salud. De acuerdo al documento Indicadores Básicos de Salud en Las Américas 2014 de la Organización Panamericana de Salud-OPS-, mientras que para Costa Rica la inversión pública en salud es del 7.6% del producto bruto interno (PIB), El Salvador 4.2%, Honduras 4.3%, Nicaragua 4.5% y Panamá 5.2%, en la República Dominicana es de 2.8%. ¿De qué manera se puede aumentar la inversión pública para el sector salud al menos al 4.5% del PIB?
Si se examina el presupuesto del 2015 es evidente que no existe una simple respuesta a lo planteado. Lo primero es que el referido presupuesto no trae variación significativa en cuanto a la inversión pública en el sector salud. Además de que revela muy serias limitaciones financieras del país. El propio titular de la Dirección General de Presupuesto lo considera “muy apretado”. Sólo los intereses de la deuda pública equivalen al 2.9% del PIB y el déficit fiscal será de un 2.4%.
La inversión pública en salud, como otros importantes recursos requeridos para el desarrollo nacional, no tiene otro camino que no sea un aumento de los recursos financieros que recauda y administra el Estado. Un concepto llamado Presión Fiscal es que mejor lo explica: corresponde al porcentaje equivalente del PIB que se administra desde el Estado y que ha sido para el país en promedio un 13.7% durante la última década, mientras que el promedio de América Latina y el Caribe es del 20%.
En la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 en su artículo 36 se consigna, mediante un pacto, una Reforma Fiscal cuyo proceso debe iniciarse el próximo año y entre cuyos objetivos se resalta, elevar la presión tributaria para viabilizar los objetivos de desarrollo.
La profunda crisis del sector salud hace urgente una reforma fiscal que permita elevar al menos a un 4.5% del PIB los recursos que se disponen y que junto a ineludibles transformaciones gerenciales dirigidas hacia los modelos de gestión y atención, otorguen verdadera dignidad a tan fundamental servicio.
