En los próximos días se cumple un aniversario más del fatídico momento en que fuerzas oscuras se unieron para derrocar al gobierno democráticamente elegido del Presidente Juan Bosch.
El 25 de septiembre de 1963, se frustraron los anhelos de justicia social de un pueblo que por 31 años sufrió la más sanguinaria de las dictaduras del pasado siglo XX. Propicia es la ocasión para reflexionar sobre algunos aspectos que caracterizaron los siete meses de Bosch en el poder, los cuales han sido echados a un lado por los distintos gobiernos, incluyendo los de aquellos partidos que él fundó.
A partir de su triunfo en diciembre de 1962, coherente con las que habían sido sus propuestas de campaña, el gobierno de Bosch inició un proceso de profundas reformas sociales dirigido a enfrentar la situación de pobreza y marginalidad en la que se encontraba una parte importante de la población dominicana. La Constitución del 63 y la reforma agraria apuntaron en esa dirección. A pesar de ser un gobierno asediado por los constantes ataques de los sectores más conservadores, la administración Bosch-PRD no se plegó a otros intereses que no fueran los de mejorar las condiciones materiales de la gente.
Para la naciente democracia de principios de la década de los 60, era una absoluta novedad que un presidente se dispusiera a enfrentar las redes de corrupción enquistadas en el Estado a lo largo de la vida política del país. Sacar provecho personal de la participación en el Estado y enriquecerse a partir del robo impune, eran la norma. Bosch se comprometió con la promoción de un gobierno basado en la honestidad y en el que los principios éticos fueran el fundamento del ejercicio de la función pública.
Medidas de austeridad en el Estado, como la reducción de los salarios de los funcionarios públicos, incluyéndose a él como presidente, sus acciones en contra del nepotismo partidario o el despido de servidores públicos que incurrieron en actos de corrupción, fueron testimonio de su firme voluntad de enfrentar este flagelo.
Estos aspectos, junto con su defensa de las libertades políticas en momentos de constantes violaciones a los derechos humanos, caracterizaron al abortado gobierno de Bosch. Restaurada la constitucionalidad, hemos construido una democracia a medias, donde el bienestar de la gente no ha sido la prioridad y en la que el latrocinio público y la impunidad han sido la regla. Revertir esta situación y retomar los aspectos positivos del gobierno democrático del 63, adaptándolos al nuevo contexto nacional, son los retos fundamentales del sistema político dominicano.
