No fue menos que pasión lo que mostraron en el debate aquellos defensores de la autodeterminación de las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado. Sí, me refiero al debate sobre la Ley de Regulación Salarial del Estado Dominicano, instrumento legal que busca establecer controles en las remuneraciones de todas las instituciones públicas. Los apasionados analistas justificaron que estas instituciones deben quedar fuera de toda ley de salarios y mantener la facultad de autorregularse en esa materia. El Presidente saliente cedió a las pasiones de los argumentos y observó dicha ley, devolviéndola a la Cámara de Diputados.
No era para menos el entusiasmo y la vehemencia exhibidas por los representantes de las instituciones autónomas y los profesionales a su servicio. Al defender la posición de que dichas instituciones deben permanecer al margen de todo control, se asegura que sus funcionarios puedan seguir disfrutando de los privilegios que han mantenido hasta ahora. En estas instituciones, sus directivos no solo tienen la capacidad de asignarse sus extraordinarios salarios y demás beneficios, sino de establecer su propio régimen de pensiones y liquidaciones. Esto lo hacen sin tener en cuenta la realidad social y económica del país y mucho menos la crisis financiera en la que está el Estado.
La magnitud de este problema fue puesta de relieve por la escandalosa pensión que se auto-asignó el anterior superintedente de Bancos y actual contralor de la República. Algunos la defendieron como legal, pero a todas luces la misma fue ilegítima y contraria a la ética pública. Se habla de que no solo él, sino otros exfuncionarios de esta dependencia disponen de jugosas pensiones. En otras instituciones del Estado, se aprovechó el final del período gubernamental pasado para liquidar, con cuantiosa suma de dinero, a servidores públicos que aún se mantienen trabajando en el gobierno. En fin, parecen muy generalizadas estas prácticas de privilegios en el Estado dominicano.
Las presiones llevadas a cabo por distintos sectores, obligaron al contralor a renunciar a su pensión en la Superintendencia de Bancos. Qué bueno que haya sido así. Sin embargo, estas presiones no deben agotarse en este caso particular, deben continuar hasta que haya una revisión de todo el régimen salarial, de pensiones y de jubilaciones en el Estado, de forma tal que cesen los inmorales privilegios que prevalecen en muchas de las instituciones públicas.
Las presiones ciudadanas deben servir para que esta situación cambie. Es necesario construir un Estado en el que exista coherencia entre el discurso y medidas de austeridad y las prácticas de las instituciones públicas y sus funcionarios.
