Para abordar con realismo el tema de los salarios en el país es necesario ponderar varias cuestiones. Por un lado, no basta con ver sólo los de la administración pública, sino que es necesario comparar datos con sueldos del sector privado en cargos de atribuciones parecidas para ajustar disparidades.
Existe una marcada diferencia de responsabilidades entre cargos similares del sector público y el sector privado relacionada con el impacto en la toma de decisiones, pues una medida tomada por un funcionario podría tener repercusiones colectivas, lo que significa que en algunos casos lo sensato es incluso mejorar algunos salarios públicos para superar los de sus homólogos en el área privada.
En otro orden, las remuneraciones de los funcionarios públicos deben estar fundamentadas en la importancia y el grado técnico del trabajo que desempeñan y deben ser lo suficientemente adecuadas como para disuadir potenciales deseos de aceptar sobornos o la fuga de buenos cerebros hacia el sector empresarial.
Plantear un recorte de salarios sin un adecuado desglose de las funciones de los puestos responde a un populismo que puede ser aplaudido pero no eficaz.
Además, el tema salarial es poco importante si no se abordan beneficios adicionales que incrementan los gastos, tales como viáticos infinitos, tarjetas asignadas, inagotables montos “de representación”, entre muchos otros.
El proyecto que cursa en el Congreso con el fin de regular los salarios gubernamentales requiere un estudio más profundo para evitar distorsiones que generen involuciones en oficinas públicas que han progresado, como las direcciones de Aduanas y de Impuestos Internos.
El argumento, por ejemplo, de que ningún funcionario debe ganar más que el Presidente de la República puede ser popular pero escapa de la lógica. La Presidencia es un cargo político que no requiere el nivel técnico y de experticio de otros cargos como la Gobernación del Banco Central y que por tales requisitos debe ser compensado en su justa medida.
También, si el objetivo es ahorrar dinero y mejorar el rendimiento del Estado, más que un recorte de ciertos salarios es urgente controlar la hipertrofia estatal que ha resultado como consecuencia de una inmensa cantidad de cargos innecesarios, y en lugar de aprobar leyes nuevas esto se consigue cumpliendo con leyes vigentes como las que crean los ministerios y que establecen números máximos de viceministros que al día de hoy no son respetadas.
Si el propósito es realmente corregir un problema, no debe ser aprobada al vapor una iniciativa legislativa que debe partir de un análisis sosegado y objetivo de la actual estructura salarial.
