Las deplorables condiciones en que viven los jóvenes de nuestros barrios, las dificultades para acceder a la educación, los altos niveles de deserción escolar, el amplio consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes, la falta de orientación familiar, la promoción del facilismo y los falsos valores, así como la impunidad con que se manejan las élites empresariales y políticas, se han convertido en el caldo de cultivo para la delincuencia en el país.
Así lo considera el abogado Octavio Ramírez, en su libro “La violencia desde una perspectiva social ¿Es una respuesta de los marginados sociales?”, una especie de radiografía, en la que el autor retrata las causas que dieron origen al flagelo que se ha convertido en el dolor de cabeza de las autoridades y de la propia ciudadanía en las últimas décadas.
Para Ramírez, el aumento de la violencia y el surgimiento de numerosas pandillas de naturaleza criminal guardan estrecha relación con el desempleo juvenil y el uso de drogas y alcohol.
Fines políticos
Sin embargo, al analizar su origen, refiere que muchas bandas de delincuentes fueron en sus comienzos iniciativas gubernamentales con propósitos políticos.
Es el caso de “Los 42”, una de las primeras bandas que se recuerda en el país, creada durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujllo, o “La Banda Colorá”, con sus paleros y calieses, activada por el gobierno del doctor Joaquín Balaguer en los años 70.
“Puede decirse que en gran medida el “Know how” o (saber hacer) de la actividad delincuencial lo aporta originalmente la política, bien en forma de decisiones gubernamentales encaminadas al sostenimiento de gobiernos impopulares, bien a través de iniciativas de fuerzas políticas que intentaron combatir a esos gobiernos con sus propios métodos, como es el caso de los grupos políticos que se dedicaron a cometer asaltos para procurarse financiamiento durante los primeros gobiernos del doctor Balaguer”, afirma.
En su libro, Octavio Ramírez argumenta que muchos de los que participaron en estas acciones políticamente inspiradas se convirtieron luego en delincuentes comunes, que aprovecharon su experiencia para organizar grupos criminales, tanto aquí como en los Estados Unidos.
Indica que otros propiciadores de bandas o pandillas, son los agentes policiales deshonestos que degeneraron en vándalos. “Estos grupos formados con estructuras dirigenciales no se forman de la noche a la mañana, no son el producto del azar, sino la consecuencia degenerativa de la sociedad en la cual nos desarrollamos”, puntualiza.
Acentuada desigualdad social
En su libro, el abogado Octavio Ramírez indica que el problema de la delincuencia urbana se ha agudizado en los últimos años al mismo ritmo del empobrecimiento de la gente, y paradójicamente, del crecimiento económico, frente a la incapacidad del Estado de producir respuestas a las necesidades de los grupos más carenciados.
Otro factor que destaca Ramírez en su libro, es la incapacidad del Estado de perseguir y castigar a los infractores de la ley. “Los tantos ejemplos de delincuentes manifiestos que logran reconocimiento social constituyen un peligrosísimo estímulo a la delincuencia”, indica.
Falta de transparencia en política
Señaló que las prácticas clientelares de los partidos que no discriminan a la hora de agenciarse fondos para sus campañas, generan compromisos y vínculos tácitos con la delincuencia común, que luego se expresan en la penetración de los estamentos del Estado por los grupos comprometidos con el crimen, en el tráfico de influencias y en la impunidad.
“Las malas prácticas políticas hacen que el Estado sea incapaz de garantizar la irreversibilidad del castigo contra quienes incurren en hechos delictivos, lo que genera impunidad e incita la delincuencia”.
En su libro, publicado en el 2007, Octavio Ramírez exhortó al Estado a crear las estructuras educativas, deportivas y de producción que garanticen a los jóvenes una correcta participación en cualquier ámbito del saber para insertarse en el mercado laboral, así como facilidades deportivas y de recreación.
“Hacemos un llamado de atención a los grupos sociales de poder económicos, a aunar esfuerzos junto al Gobierno para crear mecanismos que den respuestas efectivas a estos reclamos, para desactivar la bomba de tiempo de la descomposición social, más inversión social, más viviendas de calidad para los pobres, más empleos para los jóvenes, más educación, y salud para los marginados y menos impunidad para el delito de cuello blanco”.
Un modelo que se replica a nivel internacional
El problema de las bandas no es exclusivo de la República Dominicana, sino que afecta a varios países de Latinoamérica, como El Salvador, donde se les conoce con el nombre de “maras”, Honduras, Colombia, Guatemala, así como en Estados Unidos y Europa. Sin embargo, según un sondeo del 2012 del Latin America Public Opinion Project (LAPOP), la República Dominicana ocupa el primer lugar a nivel latinoamericano, en cuanto al número de barrios azotados por esta actividad delictiva, con un 48.6%, incluso por encima de Honduras, que refleja un 29.6%. Dicho estudio refiere que el 63% de los jóvenes que viven en barrios pobres urbanos corren mayor riesgo de ingresar a estos grupos. Pandillas como “Los Trinitarios”, que actúan en EE.UU. y en España, son el reflejo de la transnacionalización del crimen, y a cuyos miembros se les vincula con distintos delitos.
