La Justicia tiene que actuar con severidad para evitar que sentencias benignas o absolutorias permitan la rearticulación de redes mafiosas que, amparadas en la impunidad o en mecanismos para evadir la acción de la ley, vuelven a sus andadas al poco tiempo de ser sorprendidas en sus tropelías.
Es cierto que de acuerdo a los rigurosos requerimientos del Código Procesal Penal, los jueces no siempre encuentran los asesideros legales para poder aplicar dictámenes apegados al derecho.
Pero con frecuencia también se dan casos en que individuos con un claro y reconocido historial delictivo obtienen medidas menores de coerción y hasta de libertad, lo que provoca frustración y desmoraliza a las autoridades encargadas de combatir el crimen.
Es de esperar que esta debilidad judicial no se manifieste frente a los integrantes de una red que se dedicaba a falsificar actas del Registro Civil para facilitar cédulas de identidad personal a narcotraficantes y a sujetos vinculados al crimen organizado.
Después de una exhaustiva labor de seguimiento e investigación entre la Fiscalía del Distrito Nacional y la Junta Central Electoral (JCE), se logró desmantelar esa banda, que operaba en 20 municipios en colaboración con empleados y ex servidores del organismo de comicios.
Los mafiosos tenían, como modus operandi, robar los libros de las oficialías civiles en combinación con empleados para trasladarlos a un taller donde le integraban una hoja dentro del folio con datos que facilitaban luego la expedición de actas falsas.
La Junta necesita respaldo y más recursos para ampliar el proceso de modernización y automatización en las oficialías civiles, ya que el descubrimiento de las falsificaciones fue posible gracias al sistema de tecnología y escaneo hasta ahora aplicado.
Los tribunales tienen que actuar con drasticidad para mandar una clara señal de que los que se dedican a diversas modalidades delictivas no escaparán al imperio de la ley y de la justicia.
