Ayer la ley 87-01 cumplió trece años. El sistema que instituyó sigue siendo joven. Presenta signos negativos, pero eso no es suficiente para concluir en que ha fracasado, como si fuese imposible dar un paso hacia adelante.
El Sistema de la Seguridad Social surgió con una limitante que entonces se consideró como la mejor fórmula para su desarrollo, que fue un sutil principio de gobernabilidad consensual, que a la postre se ha convertido en su talón de Aquiles.
Cuando el capítulo salud presenta determinados resultados, pues cubre el 55 por ciento de los pobladores, entre contributivo y subsidiado, se plantean interrogantes respecto a quienes no tienen acceso al servicio.
Esa inequidad está vinculada a la informalidad en la economía, el desempleo, y hasta en el subregistro de ciudadanía. Que la mitad de los dominicanos estén desprotegidos, es preocupante.
Sin embargo, lo que más inquieta a los actores del sistema, empleadores, trabajadores, prestadores y al Gobierno, son las dificultades de gestión e inconformidades de los usuarios.
Quejas por la limitada cobertura en medicamentos y procedimientos médicos. Negación rutinaria de la misma por obstáculos de las prestadoras, que al mismo tiempo presentan disconformidades respecto a la valoración de sus servicios de parte de aseguradoras.
El Estado no termina de adecuar sus instituciones e instrumentos de prestación como garante de la implantación del primer nivel de atención primaria. Al mismo tiempo, no aterriza en su rol de liderazgo del sector.
Y lo peor de todo, el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS) está discapacitado para hacer nada, porque el derecho al veto que concede la ley a todos sus miembros, es el agente activo que impide su avance.
Es tiempo de que quienes representan el interés público acometan la iniciativa de reformar la ley 87-01. El derecho generalizado al veto, como advierte Altagracia Guzmán Marcelino, es el principal escollo del sistema. Esa debe ser una atribución única del Estado.
Corresponde al Ejecutivo o al Congreso dar los pasos necesarios para reformar la ley 87-01.
