Refuerzan seguridad a jueza caso Dican; policías se entregan

Fue reforzada ayer la seguridad de la jueza de la Instrucción Especial, Wendy Martínez, quien tiene a su cargo fijar la audiencia y conocer la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Dican.

Fue reforzada ayer la seguridad de la jueza de la Instrucción Especial, Wendy Martínez, quien tiene a su cargo fijar la audiencia y conocer la solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Dican.

El procurador de la corte de apelación de la provincia Santo Domingo tomó la medida a los fines de resguardar la integridad física de la magistrada de la Cámara Penal de la provincia.

La prisión preventiva será solicitada contra el suspendido director de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía (Dican), coronel Carlos Fernández Valerio; el jefe de operaciones de ese departamento, teniente coronel Félix Humberto Paulino López, y el mayor Rudy José Japa Álvarez, así como los fiscales Máximo Díaz Ogando y Ramón Veras.

El expediente incluye, además, al mayor Luciano Gómez Cabrera; el sargento Pedro José Almánzar, el cabo Agapito Muñoz, los cuales se entregaron a las autoridades, y al primer teniente Bárbaro Torres Beltrán; sargento mayor Antolín de los Santos Zabala, así como la raso Raidirys Lironely García Miranda, y Miguel Rosario.

Las autoridades del Ministerio Público hasta ayer en la tarde no habían dado con el paradero del primer teniente Torres Beltrán.

Nuevos implicados

Dos nuevos policías supuestamente vinculados al caso se presentaron por ante la Fiscalía de la provincia de Santo Domingo para ponerse a disposición de la Justicia.

El sargento Pedro José Almánzar González y el cabo Agapito Muñoz Evangelista, junto a sus abogados acudieron ante la fiscal Olga Diná, para entregarse voluntariamente, ya que de acuerdo a sus versiones se enteraron por los medios de comunicación que estaban en la lista de los que se les habría emitido orden de arresto por este caso.

Mientras que la comisión designada para investigar la sustracción de los 950 kilos de cocaína de la Dirección Antinarcóticos también activó la persecución del capitán de la Policía, Santos Medina Familia, acusado de estar vinculado a la venta de los 250 kilos de droga que se distribuyó a los fiscales que participaron en el operativo.

Medina Familia no figura en la lista de oficiales y alistados contra quienes el Ministerio Público solicitó orden de arresto. Las investigaciones determinaron que los 700 kilos restantes quedaron bajo el control del jefe de Operaciones de la Dican, teniente coronel Paulino López, quien a su vez después, supuestamente colocó una parte en el mercado local. 

Hoy se conocerá la medida de coerción 

Pasadas las 6:00 de la tarde fue depositada la petición de audiencia para la medida de coerción contra el coronel Carlos Fernández Valerio; el teniente coronel Félix Humberto Paulino López; dos fiscales y siete más. El Ministerio Público, a través de la Corte de Apelación de Santo Domingo, pedirá un año de prisión por encontrar indicios comprometedores en contra de los imputados. Hasta el momento han pedido prisión contra once acusados.

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