Los ciudadanos de “a pie” estamos desamparados, no podemos recurrir a nadie. La violencia, de un lado, está incontenible. La Justicia, por otro, chamuscada, apocada y temerosa. Y los militares y policías: matando ciudadanos. ¿Adónde acudir? ¿Qué hacer? ¿Cómo salir de este círculo infernal?
La violencia tiene diversos motivos y, lógicamente, varias formas de combatirla. ¿Qué hacer contra un individuo que le quita la vida a otro, sin remordimientos siquiera? ¿Debemos “pagarle con la misma moneda”? ¿Al hacerlo no estarían los “agentes del orden público” ubicándose, no al mismo nivel de aquellos, sino, incluso, más bajo, debido a que representan la “ley y el orden”? ¿Es correcto “combatir el fuego con el fuego”? ¿Para qué existen leyes y tribunales si la “autoridad” hace lo mismo que los sicarios “civiles o privados”, convirtiéndose en una especie de sicarios “públicos”?
Que un militar o policía justifique la muerte de civiles, no debe sorprender. En la mayoría de los casos son resabios autoritarios que aún corren por las venas nacionales. En otros, en cambio, son exabruptos propios de la escasez de ideas, o simplemente manifestaciones que siguen la línea trazada por la opinión pública, “poniéndose donde el capitán los vea”. Pero, que eso lo diga un civil, que por demás debe conocer y aplicar la Constitución y las leyes, nos deja al borde del abismo.
Cuando ocurre un hecho de sangre que motiva una advertencia de las autoridades policiales: “…Que se entreguen por la vía que ellos entiendan pertinentes, pare evitar males mayores…”, y se envía un “equipo élite” a capturar a los “supuestos autores del hecho”, no hay que haber estudiado en Harvard para saber que 24, 48 o 72 horas después habrá un “intercambio de disparos”, donde sólo habrá uno o dos muertos, que serán los supuestos sicarios “civiles o privados”, a mano de los sicarios “públicos”.
Y caso cerrado. Nadie sabrá si eran ellos realmente, si tenían cómplices, ni quién los contrató ni nada de nada. Quedando todo no igual que antes, sino peor. Y la sociedad asiste muda al banquete de la muerte, escuchando los cantos de sirena que la conducen al despeñadero: “Qué justicia ni justicia, eso no sirve; ojo por ojo y diente por diente; hay que darle pa’ bajo a esos criminales”, “eso es culpa del Código Procesal Penal, que está hecho para los delincuentes”, y un largo etcétera injusto, ilegal, ilógico y sin fundamentos.
Al respecto la ley es clara y puede ser efectiva, si se aplica. Complicidad, asociación de malhechores, autoría, participación y actos preparatorios son algunos conceptos al respecto, para los cuales se aplicarán posibles penas, de probarse las acusaciones obviamente, de hasta 30 años de reclusión. Tanto para los sicarios “civiles o privados” y su estructura, como para los “públicos” y las suyas.
Pero el populismo penal nos arropa. Nos convertimos en un Estado policial poco a poco. O rectificamos a tiempo o llegará un momento en que nadie tendrá paz.
Y entonces será demasiado tarde.
