Todos los cambios introducidos en las últimas décadas a las leyes relacionadas con el funcionamiento del sistema político dominicano han sido el fruto de los temores y sospechas mutuas de los partidos y las conveniencias personales del liderazgo de turno, como fue el caso de la actual Constitución. No han sido concebidas para mejorar la vida de los ciudadanos como tampoco para perfeccionar las instituciones que sirven de base al juego político.
Tomemos, por ejemplo, el sistema electoral. Se han ensayado modelos tras modelos sin permitir que el tiempo nos enseñe cuál de las experiencias podía servirnos de pauta para mejorar el futuro y garantizar así elecciones limpias libres de todo cuestionamiento y a salvo del abuso de los recursos del poder. De una junta de tres miembros pasamos a otra de cinco hasta alcanzar una de nueve con cámaras independientes para administrar los procesos y enjuiciar las controversias. Apenas unos cuantos años después volvimos al viejo sistema de cinco miembros sin cámara alguna y un tribunal electoral adicional independiente para dirimir los conflictos.
En cuanto a la reelección presidencial, en apenas catorce años fuimos de un continuismo ilimitado, a la no reelección, para permitirla luego por dos periodos y no más y pasar ahora a la reelección con un periodo intermedio de receso, por mutuo acuerdo de dos dirigentes, no por efecto de un referéndum o decisión mayoritaria de los electores. Durante la crisis post electoral de 1994, para salvar al país del caos tras unas elecciones fraudulentas, se separaron las elecciones presidenciales de las demás en interés entonces de eliminar la práctica corrosiva del voto de arrastre. Con el pretexto de reducir el costo electoral y los tiempos de campaña, se volvieron a reunificar y el resultado inevitable será campañas más costosas y prolongadas con congresos y cabildos más corruptos, como veremos en los comicios del año próximo.
