El expresidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Subero Isa, negó ayer que haya ordenado el traslado de jurisdicción inmobiliaria de la jueza Alba Luisa Beard. El pasado lunes, durante el conocimiento del caso Bahía de las Águilas, la magistrada Beard dijo que una vez la trasladaron del Tribunal de Tierra porque le rechazó un deslinde al expresidente de la Suprema Corte de Justicia.
Ante estas declaraciones, Subero Isa aseguró que “esa afirmación es totalmente falaz, pues nunca he sometido por ante la Jurisdicción Inmobiliaria ningún inmueble a los fines de deslinde, pura y simplemente, porque no tengo ningún inmueble que se encuentre en esa condición”.
Agregó “No recuerdo haber tenido nunca ninguna conversación con dicha magistrada, sobre ningún asunto de su competencia”, indicó Subero Isa a elCaribe.
La jueza falta a la verdad
El exmagistrado indicó que Beard falta a la verdad cuando afirma que fue trasladada de la Jurisdicción Inmobiliaria cuando lo cierto es que siempre se desempeñó como titular de un juzgado de paz, y durante el proceso de liquidación de los expedientes relativos a la Ley 1542, sobre Registro de Tierras, a consecuencia de la vigencia de la Ley 108-05, fue llevada en calidad de juez liquidadora, junto con otros jueces, para que se procediera en consecuencia.
“Cuando el proceso de liquidación estaba muy avanzado y en razón de que no se requería la existencia de tantos jueces liquidadores, fueron estos retornados a sus posiciones originales”, precisó.
Subero Isa concluyó diciendo que realmente desconoce lo que persigue la magistrada Beard con una afirmación tan mendaz, pues su integridad y seriedad se manifestarán con sus propias actuaciones, no con sus declaraciones.
Ordenó al Estado
La magistrada conoció el pasado lunes el caso de Bahía de las Águilas ordenando su aplazamiento para el 5 de mayo de 2014. Previo a esto, ordenó de oficio que el Estado dominicano haga un levantamiento y realice los planos correspondientes, exclusivamente, sobre las superficies que pretende y argumenta que los certificados de títulos emitidos a favor de particulares son nulos.
Invitó a los demandados y ocupantes a realizar sus propios levantamientos y planos particulares.
Los plazos
Para tales fines, las partes tendrán un plazo de 60 días y ordenó que luego de esos levantamientos, la Dirección de Mensuras Catastrales realice una inspección a dichos trabajos y la deposite en el tribunal para lo cual tendrá un plazo de 90 días.
Además, para sustanciar el proceso y en respuesta a una queja generalizada de los abogados, de que no conocían con exactitud las pretensiones del demandante, el tribunal ordenó de oficio que el Estado, a través de sus abogados, realice sus escritos motivados con relación a sus pretensiones, para lo que dio un plazo de 15 días. El documento deberá ser depositado en la secretaría del tribunal para que los demandados y los intervinientes tomen conocimiento. Lo propio hará la parte demandada con sus escritos de defensa en el mismo plazo.
