Finalmente, el gobierno dominicano entendió que el gobierno haitiano rompió el acuerdo que nunca existió y que aparentemente, lo comprometía a priorizar el diálogo en la búsqueda de soluciones a problemas comunes.
Demasiado tiempo para darse cuenta que las autoridades de Haití les vienen tomando el pelo y que se han apoyado en las debilidades dominicanas y en ciertas actitudes de los defensores de los derechos humanos para jugar con una cuestión tan seria como las relaciones entre los dos países.
Para hablar del pasado cercano, sólo hay que recordar aquellas imágenes fraternas de compromiso reiterado en suelo haitiano del presidente dominicano de apoyo a la necesaria reforestación de Haití. Inmediatamente después, la veda contra los pollos y huevos criollos, y sucesivamente, los plásticos, sin razones válidas.
Ante un acto del libérrimo Tribunal Constitucional de la República, Haití agria aún más los términos de las relaciones y asume una actitud incomprensible, que se constituye en abierta intervención en los asuntos internos del país, con la tolerancia, inocencia y buena fe del gobierno nacional.
Vienen y encaran a las autoridades del Poder Legislativo, reclaman al gobierno nacional. Desatan una campaña internacional en supuesta solidaridad con descendientes de haitianos ilegales a quienes al mismo tiempo se niegan a reconocer como conciudadanos, hasta que con la mediación de Venezuela se cree que todo volverá por el cauce del diálogo.
Mientras suscribían el documento en que se comprometían a resolver mediante el diálogo cualquier diferencia sobre el estatus de los haitianos ilegales, actúan solapadamente, y con la participación del presidente Michel Martelly, auspician una condena vergonzante del Caricom contra la República Dominicana.
Afanosa y precipitadamente, el sensato gobierno nacional acelera la publicación del proyecto que instituye el Plan de Regulación de Inmigrantes Ilegales.
Burlado, el gobierno nacional no tiene más que reconocer que ha sido engañado por sus amigos de Haití.
El país debe seguir adelante. Defender la sentencia del Tribunal Constitucional y poner orden en casa. Con la razón del derecho y el respeto a la dignidad de las personas. Y no temer. No importa cuántas comisiones vengan a pretender imponer pautas.
